La financiación de las universidades públicas canarias no está cerrada: Migdalia Machín la define como un «documento abierto» y emplaza a los rectores a negociar desde este mes.
Una propuesta que puede revisarse
La consejera de Universidades, Ciencia y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, defendió este miércoles 2 de septiembre ante una comisión del Parlamento de Canarias que el modelo de financiación universitaria «no es una imposición».
Machín aseguró que el documento se puede «revisar» y ofreció «mano tendida» a los rectores si presentan propuestas «realistas». Las negociaciones arrancarán este mismo mes.
45 millones más hasta 2027-30
La propuesta para el trienio 2027-30 contempla un aumento de 45 millones de euros en la financiación autonómica, un 16% más, hasta superar los 1.242 millones.
El Ejecutivo busca dar estabilidad a las universidades y evitar el desgaste de negociar cada año los recursos en los presupuestos autonómicos. El modelo plantea una financiación básica y otra vinculada a objetivos.
Entre las metas figuran aumentar la formación continua y las microcredenciales, implantar titulaciones con mención dual, mejorar la eficiencia, elevar las publicaciones científicas de alto impacto y captar más fondos competitivos.
También se incluyen los contratos de transferencia, la creación de empresas derivadas, los ingresos por patentes, el aumento de estudiantes internacionales y la reducción del abandono.
Un error técnico y un límite económico
La consejera admitió un «error técnico» en las retribuciones que será corregido. También recalcó que «las condiciones económicas son las que son» y pidió no cargar todo el peso de la financiación sobre Canarias.
Según Machín, la LOSU establece que el gasto público en educación universitaria en España debe alcanzar como mínimo el 1% del PIB, mientras que el Gobierno estatal «solo ha convocado dos reuniones».
Los grupos reclaman garantías
Vidina Espino, de CC, consideró que las universidades necesitan conocer con varios años de antelación los recursos disponibles para organizar sus plantillas, titulaciones, proyectos de investigación e inversiones. Se mostró sorprendida por las críticas de los rectores antes de que comenzara la negociación.
Raúl Acosta, de AHI, defendió que el debate no se limite a cuánto dinero reciben las universidades, sino a qué se consigue con él. Jesús Ramos, de ASG, puso el foco en la igualdad de oportunidades para los estudiantes de las islas no capitalinas.
Nicasio Galván, de Vox, pidió concretar los objetivos para evitar que el modelo se convierta en una «bomba de humo» y advirtió de que aún se está lejos del consenso.
Desde NC-BC, Carmen Hernández rechazó vincular la financiación estructural a objetivos antes de garantizar el pago al profesorado y la actualización de los contratos conforme al IPC. María Isabel Saavedra, del PP, reclamó que el sistema no ponga en riesgo la actividad universitaria.
Yaiza López, del PSOE, sostuvo que la propuesta no resuelve la infrafinanciación y afirmó que las universidades necesitan 15 millones de euros para afrontar la subida salarial. Su prioridad, dijo, debe ser asegurar primero la financiación estructural.
El modelo queda abierto a negociación
La financiación de las universidades públicas canarias queda así pendiente de una negociación que comenzará en septiembre. Machín sostiene que el documento podrá modificarse, mientras los grupos reclaman garantías para los recursos básicos y mayor concreción sobre los incentivos.
El futuro modelo se plantea además con vocación de continuidad: la consejera señaló que el documento será heredado por el siguiente Gobierno de Canarias.
