La Intervención abre el balance del primer semestre mientras el Parlamento exige filtros para impedir que entren en el presupuesto proyectos sin suelo, permisos o proyecto técnico.
La ejecución de los Presupuestos de Canarias llega al ecuador de 2026 bajo una vigilancia especial sobre la capacidad del Gobierno autonómico para transformar las partidas consignadas en gasto efectivo. La Intervención General ha hecho públicas las operaciones de ingresos y gastos acumuladas hasta el 30 de junio, un balance que permite distinguir cuánto crédito existe, cuánto gasto se ha autorizado y comprometido y, sobre todo, qué obligaciones se han reconocido y qué cantidades se han pagado.
El matiz es relevante. Los Presupuestos de 2026 arrancaron con 12.491,44 millones de euros de gasto no financiero, un 6,96% más que el ejercicio anterior, pero disponer de crédito no equivale a haberlo ejecutado. La fase que acredita que una actuación ha generado ya una obligación económica para la Administración es la de obligaciones reconocidas, mientras que el pago constituye un escalón posterior.
El precedente de 2024
La última fiscalización completa de la Audiencia de Cuentas muestra hasta qué punto esa diferencia afecta especialmente a las inversiones. En 2024, la Administración autonómica ejecutó el 91,08% del conjunto de su presupuesto de gastos, pero el capítulo VI, correspondiente a inversiones reales, se quedó en el 52,35%.
Ese año se reconocieron obligaciones por 415,7 millones de euros frente a un crédito definitivo de 794 millones. La ejecución de las inversiones fue además inferior al 58,53% alcanzado en 2023, pese al incremento de los recursos disponibles.
El problema no se limita a un ejercicio. La Audiencia de Cuentas calcula que entre 2019 y 2023 quedaron sin gastar 1.225,7 millones de euros consignados para inversiones reales. Su fiscalización detectó además que algunos proyectos permanecieron presupuestados durante varios años sin llegar a generar ninguna obligación reconocida.
Proyectos que llegan demasiado pronto al presupuesto
El órgano fiscalizador identifica una causa estructural: la incorporación al presupuesto de proyectos que todavía no tienen la madurez necesaria para ejecutarse. Entre los obstáculos aparecen la falta de suelo disponible, proyectos técnicos pendientes, declaraciones ambientales, permisos o autorizaciones aún sin obtener y unidades de contratación insuficientemente dotadas.
La dependencia de financiación externa añade presión. Entre el 60% y el 70% de las inversiones analizadas entre 2019 y 2023 procedía de recursos no propios, fundamentalmente fondos finalistas. La necesidad de reflejar esos ingresos puede llevar a incorporar al presupuesto actuaciones que todavía no están preparadas para comenzar.
El Parlamento exige un «semáforo de ejecución»
El Parlamento de Canarias asumió el diagnóstico este verano y, el 27 de julio, instó formalmente al Gobierno a establecer requisitos mínimos antes de incluir una inversión en los Presupuestos. Entre ellos figuran disponer del suelo, tener redactado y supervisado el proyecto técnico y contar con las declaraciones ambientales y autorizaciones necesarias.
La Cámara reclamó además un «semáforo de ejecución» que separe los proyectos listos para contratar de los que mantienen trámites pendientes y de las actuaciones todavía inmaduras. También pidió un plan de choque específico para las inversiones con mayores remanentes o que acumulen varios ejercicios con ejecución nula.
El cierre de junio no permite anticipar cuál será la ejecución definitiva de 2026, porque una parte importante de la inversión pública se concentra habitualmente en la segunda mitad del ejercicio. Pero sí establece el primer gran punto de control del año. La cuestión ya no es únicamente cuánto dinero incorpora el Gobierno de Canarias a sus presupuestos, sino cuánto consigue convertir finalmente en obras, servicios y pagos efectivos.
