La Memoria del Ministerio Público propone reformar la ley procesal para evitar que el silencio de la víctima archive las causas y deje desprotegidos a los menores o los obligue a declarar en solitario.
La Fiscalía General del Estado ha puesto sobre la mesa una reforma legal de calado para frenar el archivo sistemático de causas de violencia sobre la mujer. En su balance anual, la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer aboga por limitar o suprimir el derecho de la víctima a no declarar contra su agresor —la dispensa recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— en aquellos procedimientos en los que existan menores afectados o que hayan presenciado los episodios violentos en el hogar.
El Ministerio Público advierte de que el uso de esta dispensa procesal continúa siendo el principal motivo de sentencias absolutorias y sobreseimientos provisionales. La retractación en sede judicial de la mujer, provocada con frecuencia por coacciones, dependencia económica o presiones familiares, no solo deja sin sanción penal las agresiones, sino que desactiva de forma automática las órdenes de alejamiento y las medidas civiles de protección sobre los hijos.
Evitar que el menor cargue con el peso del juicio
La propuesta busca corregir una perversión del sistema penal: cuando la progenitora se acoge a la dispensa y rechaza testificar, la única vía que le queda a la acusación pública para mantener el caso es obligar al menor de edad a someterse a exploración judicial y sostener la prueba contra su progenitor.
La Fiscalía sostiene que el interés superior del menor debe primar sobre el beneficio procesal del vínculo conyugal o de pareja. Con la modificación planteada, el testimonio inicial de la agredida mantendría plena validez para juzgar los hechos, impidiendo que la presión ambiental o la violencia psicológica posterior anulen las pruebas recabadas en la denuncia o en la fase de instrucción.
Impacto en el ámbito judicial canario
La iniciativa penal adquiere especial relevancia en Canarias, una de las comunidades con mayor tasa de expedientes activos en el sistema policial y judicial. Con miles de casos bajo seguimiento y una alta incidencia de valoraciones de riesgo con menores a cargo, los juzgados especializados del Archipiélago afrontan a diario la dificultad de sostener acusaciones que se desmoronan por el desistimiento de las denunciantes en el plenario.
La Memoria de la Fiscalía insiste en que blindar la declaración no supone vulnerar los derechos de la víctima, sino dotar a la Administración de Justicia de herramientas eficaces para que el Estado asuma la persecución penal del delito y no traslade a las mujeres o a sus hijos la responsabilidad exclusiva de condenar al agresor.
