Dos dictámenes avalan la nulidad del mantenimiento de climatización y jardines mientras censuran que la revisión de oficio se utilice para pagar servicios prestados sin contrato.
El Consejo Consultivo de Canarias ha lanzado una dura advertencia a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) después de analizar dos servicios esenciales que continuaron prestándose una vez agotados sus contratos y prórrogas, sin que estuviera formalizada una nueva adjudicación.
Los expedientes afectan al mantenimiento de las instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación de los campus y al cuidado de sus zonas verdes, jardines y arbolado. En ambos casos, el Consultivo avala la nulidad de las contrataciones, pero censura especialmente el mecanismo empleado posteriormente para regularizar y pagar los servicios.
Climatización después de agotarse la prórroga
El contrato de mantenimiento de climatización fue adjudicado en 2020 y prorrogado posteriormente durante otros dos años. Una vez terminada esa prórroga, la misma empresa continuó prestando el servicio sin que se hubiera tramitado un nuevo contrato.
Un informe de la propia Universidad de mayo de 2026 confirma que la prestación seguía realizándose entonces. La ULPGC justifica su continuidad por su carácter esencial, ya que afecta a la habitabilidad de los campus y también a laboratorios, equipos sensibles y espacios de investigación que necesitan condiciones ambientales estables.
El procedimiento de revisión de oficio plantea declarar nula esa contratación y abrir posteriormente la liquidación para abonar las prestaciones pendientes.
Más de un año con los jardines sin nuevo contrato
La situación se repite con el mantenimiento de zonas verdes. El contrato original fue formalizado en enero de 2021 y su última prórroga terminó el 31 de enero de 2025, pero la UTE adjudicataria continuó trabajando desde entonces.
La documentación remitida al Consultivo reconoce expresamente que, una vez vencido el contrato, no se había tramitado el procedimiento ordinario de contratación que correspondía por el tipo y precio del servicio.
La Universidad atribuye el retraso de la nueva licitación a la necesidad de actualizar las superficies y características de la flora que debe mantenerse y a la escasez de personal en los servicios encargados de preparar los pliegos. Mientras llega el nuevo contrato, la propuesta de la ULPGC plantea mantener provisionalmente el servicio para evitar un grave trastorno a la actividad universitaria.
«Uso fraudulento» y «desviación de poder»
La mayor censura del Consultivo no se dirige al derecho de las empresas a cobrar los trabajos realmente prestados, sino a la forma en que las administraciones recurren después a la revisión de oficio para solucionar contrataciones que se han mantenido al margen del procedimiento legal.
El órgano recuerda que este mecanismo es excepcional y reprocha que se utilice fundamentalmente para conseguir el pago de facturas que no tienen cobertura contractual. En estos casos habla de un uso «fraudulento» o abusivo de la revisión de oficio y de una «clara desviación de poder».
También advierte de que la reiteración de este sistema puede afectar a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública y señala que las irregularidades pueden derivar de graves faltas de diligencia en la gestión.
El Consultivo avala las nulidades
Pese a estas advertencias, el Consejo Consultivo informa favorablemente las dos propuestas de nulidad porque considera acreditado que los servicios continuaron prestándose sin seguir el procedimiento legalmente establecido.
En el caso de los jardines, la ULPGC prevé además que el servicio continúe bajo las mismas condiciones hasta que pueda adjudicarse un nuevo contrato. El Consultivo admite la necesidad de mantener prestaciones esenciales, pero insiste en que esa necesidad no puede convertir la contratación verbal, las prórrogas tácitas o la revisión de oficio posterior en un sistema habitual de gestión.
