El Plan Estatal abre a empresas privadas ayudas de hasta 80.750 euros por vivienda en suelo privado, pero exige protección pública permanente y que Canarias active las convocatorias.
Los promotores privados podrán acceder a subvenciones públicas para construir vivienda protegida sobre suelo privado dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La ayuda puede alcanzar hasta 80.750 euros por vivienda destinada inicialmente al alquiler cuando el proyecto combine construcción industrializada y su localización en una zona de mercado residencial tensionado.
La línea no se limita a empresas públicas o entidades sociales. Pueden ser beneficiarias personas físicas, empresas privadas, sociedades mercantiles con mayoría de capital privado y cooperativas, siempre que las promociones queden sometidas a un régimen de protección pública permanente.
Hasta el 70% de la inversión
La cuantía ordinaria para las viviendas destinadas al alquiler puede alcanzar 750 euros por metro cuadrado útil, con un máximo computable de 85 metros cuadrados por vivienda. Eso sitúa el techo en 63.750 euros y, en todo caso, en el 60% de la inversión de la actuación.
La subvención aumenta hasta 850 euros por metro cuadrado y el 65% de la inversión cuando se empleen técnicas avanzadas de construcción industrializada o la promoción esté situada en una zona oficialmente declarada de mercado residencial tensionado.
Si concurren las dos circunstancias al mismo tiempo, el límite se eleva a 950 euros por metro cuadrado y al 70% de la inversión. Con los 85 metros cuadrados máximos computables, una vivienda podría recibir hasta 80.750 euros de subvención.
Protección permanente a cambio del dinero público
Las ayudas tienen una contrapartida relevante. Las viviendas levantadas sobre suelo privado deberán mantener permanentemente algún régimen de protección pública, condición que tendrá que inscribirse en el Registro de la Propiedad.
El plan permite que una promoción se destine primero al alquiler y posteriormente a la venta, pero en ese caso deberá permanecer arrendada durante un mínimo de 20 años. El precio de las rentas corresponderá determinarlo a Canarias según el nivel de protección y el módulo aplicable.
El dinero tampoco llega automáticamente a los promotores. El Gobierno de Canarias deberá articular los procedimientos de concesión y cada actuación que se financie requerirá la participación administrativa prevista en el plan estatal, incluida la justificación de su viabilidad económica.
371 millones para Canarias, pero no todos para esta línea
Canarias tiene asignada dentro del conjunto del Plan Estatal de Vivienda una inversión de 371 millones de euros para el periodo 2026-2030. De esa cantidad, 222,6 millones corresponden a financiación estatal y al menos 148,4 millones a aportación autonómica.
Esas cantidades financian el conjunto de políticas del plan y no constituyen una bolsa específica de 371 millones para promotores privados. Las subvenciones a promociones deberán competir dentro de las líneas y disponibilidades presupuestarias que finalmente active la Comunidad Autónoma.
La nueva fórmula estatal tampoco debe confundirse con la vivienda asequible incentivada creada por Canarias. Esta última puede ser de propiedad privada y, con carácter general, mantiene su calificación durante siete años antes de convertirse en vivienda libre. Para acceder a la línea estatal sobre suelo privado, en cambio, se exige protección pública permanente.
El nuevo esquema abre así una vía de financiación pública considerable para incorporar capital privado a la construcción de vivienda, pero vincula las ayudas más elevadas a proyectos con fuertes limitaciones posteriores sobre el uso y el precio de los inmuebles.
