CC reclama ahora concluir un documento con 245 medidas que el Gobierno situó en su «última fase» en marzo de 2025 y que continúa oficialmente sin aprobación definitiva.

El Plan Canario de Acción Climática continúa oficialmente como borrador tres años y medio después de que el Gobierno lo sometiera a información pública y casi año y medio después de que el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, asegurara que se encontraba en su «última fase de revisión y tramitación».
La situación ha vuelto al Parlamento de Canarias de la mano de la propia Coalición Canaria. La diputada nacionalista Natalia Évora reclamó este miércoles que se concluya la planificación climática y que las actuaciones se coordinen con cabildos y ayuntamientos ante el aumento de las temperaturas y la necesidad de adaptar el territorio a episodios de calor cada vez más frecuentes.
La petición llega después de un recorrido administrativo que comenzó hace más de tres años. El Boletín Oficial de Canarias publicó el 10 de marzo de 2023 la apertura de un periodo de información pública del Plan Canario de Acción Climática. En aquel momento, la propia Consejería afirmaba que los trabajos habían alcanzado ya un «elevado grado de desarrollo».
El borrador se sometió entonces a información pública durante veinte días hábiles y se consultó además a las direcciones generales de Energía e Industria, los siete cabildos y la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
La página oficial de la Consejería continúa, sin embargo, presentando actualmente el documento bajo la denominación «Plan Canario de Acción Climática. (Borrador)».
Un plan que estaba en su «última fase» en 2025
El retraso resulta especialmente significativo a la vista de las previsiones anunciadas por el propio Gobierno.
En marzo de 2025, Zapata presentó el plan en el Parlamento y aseguró que se encontraba en su «última fase de revisión y tramitación antes de aprobarse definitivamente».
El Ejecutivo cifró entonces su contenido en 245 acciones: 137 medidas de adaptación, 54 de mitigación y otras 54 de carácter transversal relacionadas con gobernanza, educación, innovación y planificación estratégica.
Entre las actuaciones figuraban sistemas de alerta temprana para turistas, adaptación de zonas costeras vulnerables, refugios climáticos urbanos y medidas dirigidas a conservar la biodiversidad y aumentar la resistencia de los ecosistemas.
El Gobierno señalaba además que el plan se desarrollaría mediante programas de trabajo trianuales para fijar inversiones y prioridades y asignaba a algunas de sus medidas un horizonte de actuación comprendido entre 2025 y 2034.
La ley cambió mientras el plan seguía tramitándose
Durante estos años también cambió el marco jurídico que debía ordenar la política climática de Canarias.
La Ley 6/2022 había creado inicialmente el Plan Canario de Acción Climática como uno de los instrumentos centrales de planificación y establecía que debía aprobarse en un plazo máximo de dos años desde el correspondiente acuerdo de inicio.
Pero el Decreto ley 5/2024 modificó profundamente ese modelo. La planificación autonómica pasó a articularse a través de dos instrumentos: el Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias (PIECan), centrado fundamentalmente en mitigación y energía, y el Plan Canario de Adaptación Climática (PCAC).
La misma reforma suprimió el régimen original de plazos que establecía los dos años para aprobar el antiguo Plan Canario de Acción Climática.
El recorrido del borrador obligó posteriormente a introducir otra adaptación legal. En enero de 2026, el Gobierno modificó nuevamente la normativa para permitir expresamente que el Plan Canario de Acción Climática que seguía «en tramitación» pudiera aprobarse como Plan Canario de Adaptación Climática si reúne el contenido mínimo exigido por la ley.
La reforma permite asimismo que las medidas del borrador correspondientes al futuro Plan Integrado de Energía y Clima puedan computar como aprobación parcial de este último instrumento si quedan correctamente separadas e identificadas.
Las actuaciones avanzan sin el plan definitivo
Que el instrumento general siga pendiente no significa que Canarias no esté ejecutando actuaciones contra los efectos del cambio climático.
Évora citó durante su intervención la guía para la creación de refugios climáticos, el desarrollo de una futura Red Canaria de Refugios Climáticos, el proyecto del Toscal-Longuera, en Los Realejos, el refugio previsto en el Puerto de Tazacorte y el proyecto piloto de renaturalización urbana de Arrecife.
La cuestión pendiente es que todas esas actuaciones queden encuadradas en una planificación autonómica definitivamente aprobada, con objetivos, prioridades, indicadores y mecanismos de seguimiento.
La normativa vigente establece que tanto el Plan Canario de Adaptación Climática como el Plan Integrado de Energía y Clima adquieren carácter obligatorio una vez aprobados y publicados en el Boletín Oficial de Canarias.
Évora reclama ahora «mantener el ritmo de trabajo» y cerrar esa planificación con participación de las administraciones locales. La reclamación llega cuando el documento que el Gobierno presentaba hace año y medio como próximo a su aprobación continúa figurando oficialmente como borrador.














