El Tribunal Supremo ha dictado un auto que suspende cautelarmente los efectos electorales de las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, la conocida como ‘Ley de Nietos’.
La medida, adoptada este martes, responde a la petición de Vox y la asociación Iustitia Europa, que impugnaron la instrucción del Ministerio de Justicia que permitía un trámite exprés para estos solicitantes.
Más de medio millón de solicitudes resueltas favorablemente
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, abrió la puerta a que los descendientes de exiliados pudieran optar a la nacionalidad española.
Según los datos del Ministerio de Política Territorial, hasta mayo de este año se habían registrado 2,45 millones de solicitudes de cita, de las cuales 544.722 fueron resueltas favorablemente y 333.696 culminaron con la inscripción en el Registro Civil.
Argentina, Cuba, Brasil, México, Chile y Venezuela concentran la mayoría de los beneficiarios.
Quién podría quedarse fuera del CERA
La decisión del Supremo establece que las nuevas inscripciones quedarán suspendidas una vez finalice su tramitación, pero solo para quienes no puedan acreditar ser hijos o nietos de exiliados en los términos previstos por la ley.
En la práctica, quienes ya estaban inscritos antes de la suspensión podrán votar, mientras que quienes estaban en proceso podrían quedarse fuera si no demuestran ese vínculo directo.
El Gobierno rechaza la decisión
El Gobierno no ha tardado en reaccionar.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo no comparte “esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central”, que en julio rechazó suspender cautelarmente las inscripciones.
Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha urgido al Supremo a resolver antes del próximo ciclo electoral y ha advertido de que “privar del derecho al voto a miles de españoles” solo puede hacerse mediante una resolución argumentada.
Desde la oposición, el PP ha evitado pronunciarse directamente, mientras que Vox celebra la medida.
Sumar, socio del Gobierno, considera que se trata de “la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne”, en palabras de su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.
Incertidumbre ante las elecciones de 2027
La suspensión podría afectar a las próximas elecciones generales de 2027, aunque todo dependerá de si el Supremo dicta sentencia antes de esa fecha.
Mientras tanto, los consulados tendrán que aplicar la medida cautelar y el sindicato CSIF, que había denunciado falta de garantías para el personal, sigue de cerca la evolución del procedimiento.
La batalla legal está lejos de terminar.
El Gobierno estudia recurrir el auto y el conflicto podría acabar llegando al Tribunal Constitucional.
Hasta que exista una resolución definitiva, miles de solicitantes permanecen en una situación de incertidumbre sobre si podrán ejercer su derecho al voto en las próximas citas electorales.
