Rabat rechaza las acusaciones tras los documentos del CNI, que prueban que la inteligencia marroquí fue alertada el 29 de julio, pero no que organizara la entrada masiva.
Marruecos ha roto su silencio sobre la crisis de Ceuta para negar cualquier implicación en la entrada masiva de migrantes de finales de julio y acusar a determinados sectores políticos y mediáticos españoles de utilizar al país vecino como «chivo expiatorio» en sus enfrentamientos internos.
El Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores sostiene que ningún dato ni informe conocido demuestra que las autoridades del país organizaran o facilitaran deliberadamente la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.
Rabat rechaza las acusaciones
La declaración acusa a sectores de la política española de convertir a Marruecos en un instrumento de la precampaña electoral y considera especialmente grave que partidos con experiencia de gobierno participen en lo que califica como una escalada política contra el país vecino.
Rabat defiende la cooperación mantenida con España durante los últimos años en materia migratoria y de seguridad y advierte del riesgo de deteriorar una relación bilateral que ambas partes reconstruyeron a partir de 2022.
Marruecos también reitera su disposición a colaborar en el retorno de ciudadanos marroquíes que hayan entrado irregularmente en España y reclama avanzar en la devolución de los menores no acompañados cuando se cumplan los requisitos legales.
El CNI sí avisó a Marruecos
La respuesta marroquí llega inmediatamente después de que el Gobierno español desclasificara 40 documentos y comunicaciones relacionados con la crisis de Ceuta.
Esa documentación acredita que el Centro Nacional de Inteligencia detectó antes de la entrada masiva convocatorias difundidas por redes sociales para intentar acceder a Ceuta aprovechando la Fiesta del Trono marroquí.
El 29 de julio, un día antes del inicio de la crisis, el CNI remitió una nota de alerta temprana a los servicios de inteligencia de Marruecos. También mantuvo comunicaciones con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil.
Los avisos advertían de llamamientos en grupos de redes sociales que sumaban alrededor de 180.000 seguidores y planteaban entradas tanto a nado como a través de la frontera terrestre.
Esos documentos demuestran, por tanto, que las autoridades marroquíes conocían al menos un día antes la existencia de convocatorias para intentar entrar en Ceuta. No demuestran por sí solos que Marruecos organizara esos movimientos.
La actuación marroquí, bajo sospecha
La controversia se centra también en la respuesta de las fuerzas marroquíes durante las horas críticas. Informes españoles desclasificados describen una actuación insuficiente en determinados momentos y distintas fuerzas de seguridad han planteado dudas sobre el grado de cooperación desplegado al otro lado de la frontera.
La posible responsabilidad de Marruecos continúa siendo objeto de investigación y debate político. El Gobierno español ha evitado hasta ahora atribuir oficialmente a Rabat la organización de la entrada masiva, aunque los documentos han reabierto las preguntas sobre qué información existía antes de la crisis y cómo reaccionaron ambos países.
El PP mantiene su acusación
El Partido Popular ha respondido este viernes a la declaración marroquí manteniendo que Marruecos fue responsable de lo sucedido «por acción u omisión».
Los populares consideran que la entrada masiva supuso una vulneración de la integridad territorial española y europea y reclaman una posición más firme del Gobierno de Pedro Sánchez frente a Rabat.
Marruecos rechaza esa interpretación y plantea el conflicto en términos opuestos: considera que las acusaciones forman parte de la batalla política española y reclama que la investigación de lo sucedido se sustente en hechos y no en imputaciones políticas.
La crisis deja así abierta una cuestión que los documentos desclasificados no han resuelto: Marruecos fue advertido antes de la entrada masiva, pero sigue sin determinarse si su actuación respondió a falta de capacidad, pasividad deliberada o una estrategia organizada desde las autoridades del país.
