El presidente asegura que el pacto reduce la factura que afrontaba Canarias y cifra en 261 millones los pagos realizados en agosto. Campos denuncia que los propietarios conservan los suelos y sus derechos urbanísticos.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este jueves en el Parlamento los acuerdos extrajudiciales alcanzados con determinados promotores inmobiliario-turísticos que cuentan con sentencias favorables derivadas del incumplimiento del artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes de 2009.
Clavijo sostiene que la negociación permite reducir a menos de 500 millones de euros una factura que el Gobierno situaba inicialmente por encima de los 1.000 millones. Según explicó durante la sesión de control, en agosto se abonaron 261 millones de euros, mientras continúan pendientes algunos acuerdos.
Campos acusa al Gobierno de una «rendición absoluta»
El portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Luis Campos, acusa al Ejecutivo de «manipulación» al vincular el origen de las indemnizaciones con las moratorias turísticas aprobadas en 2001 y 2003.
Campos sostiene que las sentencias condenatorias derivan de la aplicación del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, aprobada durante el Gobierno de Paulino Rivero, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular. Esa vinculación figura también en la formulación oficial de la pregunta registrada esta semana en el Parlamento.
El portavoz de NC-bc considera además que los acuerdos resultan excesivamente favorables para los promotores porque, según expuso, recibirán cerca de 500 millones de euros y conservarán la titularidad de los terrenos y sus derechos urbanísticos.
«Eso no es defender el interés general», afirmó Campos, que calificó el resultado de la negociación como una «rendición absoluta».
El origen de las 36 sentencias
La controversia sobre el origen de las indemnizaciones viene de atrás. En mayo de 2025, Clavijo defendió en el Parlamento que las leyes de 2001 y 2003 fueron el «germen» del problema porque obligaron posteriormente a aprobar las medidas urgentes de 2009.
Campos replica que las reclamaciones derivadas directamente de aquellas primeras normas fueron desestimadas y no generaron indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. El Diario de Sesiones del propio Parlamento recoge una respuesta del Gobierno en ese sentido.
Clavijo precisó entonces que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2008, que reconoció una indemnización del 4,5 %, motivó la modificación legislativa de 2009 y el desarrollo de su artículo 17.1. Es de este último precepto del que derivaron posteriormente las reclamaciones que desembocaron en las 36 sentencias ahora objeto de los acuerdos.
Clavijo carga contra la gestión de NC
El presidente respondió además a las críticas cuestionando la gestión económica de Nueva Canarias durante su etapa en el anterior Ejecutivo. Clavijo reprochó al partido asuntos relacionados con ayudas de la pandemia, las obras del cierre del anillo insular de Tenerife y la compra de mascarillas que no llegaron a recibirse.
También reivindicó la Ley del Suelo aprobada en 2017 durante su primer mandato y defendió que esa norma permite actuar sobre suelos urbanizables que permanecen sin desarrollar.
El enfrentamiento político se produce mientras NC-bc ha solicitado al Parlamento los acuerdos extrajudiciales y la documentación acreditativa de sus importes. La petición fue registrada el 4 de septiembre y afecta precisamente a los pactos alcanzados con promotores que obtuvieron sentencias favorables por el incumplimiento del artículo 17.1 de la Ley 6/2009.
