El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha intensificado sus gestiones en el Puerto de Las Palmas para recabar los apoyos necesarios que permitan la instalación de una central eléctrica flotante de la compañía turca Karadeniz Holding. La operación, que arrastra meses de controversia, pretende cubrir un déficit de 138 MW en Gran Canaria, una isla cuyo consumo medio ronda los 400 MW y alcanza picos de 550 MW, y que se encuentra técnicamente al borde del colapso energético. El buque en cuestión, un powership de clase Shark con una potencia de 125 MW y unos 200 metros de eslora, ocuparía una porción significativa de muelle en el Puerto de La Luz, restando espacio operativo a consignatarias, centros de reparación naval y operadores logísticos que ya operan en un entorno de alta competencia portuaria.
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha mantenido un silencio que dice más que cualquier declaración: el proyecto, según su criterio, es responsabilidad exclusiva del Gobierno regional. Capitanía Marítima, por su parte, ha expresado reparos técnicos sobre las operaciones de fondeo.Lo que Zapata presenta como un «bote salvavidas» temporal, con un contrato mínimo de tres años y renovaciones anuales, revela una planificación energética que ha fracasado en sus plazos. La isla necesita esos 138 MW porque las inversiones en generación convencional y renovable no han llegado a tiempo. Una planta de 20 MW en El Goro se encuentra aún en exposición pública y otra de 15 MW adicionales ni siquiera tiene calendario firme. El recurso a un generador flotante de combustibles fósiles, en una región que aspira a liderar la transición energética, no es solo una contradicción: es el certificado de defunción de años de planificación inoperante. El mercado privado, que podría haber resuelto este déficit con incentivos adecuados, ha sido sistemáticamente excluido de la ecuación por un marco regulatorio que premia la inercia institucional.
