El Parlamento de Canarias decidió este miércoles no continuar con la tramitación de una propuesta del Grupo Socialista que buscaba regular a los grandes propietarios de vivienda, cambiar algunos impuestos relacionados con la compraventa y aumentar el parque público en un 30%. La iniciativa, que contaba con un informe desfavorable del Gobierno autonómico, solo fue defendida por el PSOE y recibió el apoyo parcial de Vox, que finalmente también votó en contra.
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, explicó que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema grave y que una parte importante de los inmuebles está concentrada en muy pocos dueños. Defendió que la propuesta pretendía aportar más transparencia y facilitar la construcción de vivienda pública, sin intervenir en el mercado. Para el PSOE, era una ley “valiente y justa” para frenar la especulación y proteger a las familias.
Sin embargo, el resto de partidos criticó la iniciativa por diferentes motivos. Coalición Canaria afirmó que el texto añadía burocracia y no presentaba un análisis económico serio. El Partido Popular acusó al PSOE de intentar controlar el mercado y aseguró que lo que hace falta es seguridad jurídica para que los propietarios alquilen sus viviendas. Tanto CC como el PP defendieron las medidas que ya está poniendo en marcha el Gobierno.
También Nueva Canarias-bc y Vox cargaron contra la propuesta, aunque desde posturas distintas. NC-bc reprochó al Ejecutivo no abordar el problema con suficiente decisión, pero tampoco vio útil la propuesta socialista. Vox, por su parte, aseguró que este tipo de leyes perjudican a los propietarios y no resuelven la falta de oferta de vivienda. Ambos partidos coincidieron en que la propuesta estaba mal diseñada.
Finalmente, ASG y el Grupo Mixto advirtieron del impacto económico que podría tener la reforma fiscal planteada por el PSOE y señalaron que no estaba bien cuantificada. Consideraron que no resolvería los problemas actuales y pidieron más planificación y coherencia en la política de vivienda. Con estos argumentos, el Parlamento decidió frenar la ley y dejarla fuera del trámite parlamentario.
