Desde el 1 de agosto, una empresa contratada por emergencia vigila los edificios del Cabildo de Tenerife. Security Services Kuo, que tenía el 97 % de la unión de empresas que prestaba el servicio, entró en concurso de acreedores y dejó de prestarlo el 31 de julio, y la corporación tuvo que buscar relevo para no quedarse sin vigilantes.
Ahora busca sustituto para tres años, con un presupuesto máximo de unos 5,5 millones de euros con IGIC. Las empresas pueden presentar ofertas hasta las 23:59 del lunes 5 de octubre en hora peninsular, que es el horario de la Plataforma de Contratación, es decir, hasta las 22:59 en Canarias.
Sin dinero ni personal para seguir
En la primavera de 2025, el Cabildo adjudicó la vigilancia a una unión de dos empresas en la que Kuo tenía el 97 % y SIP Central Receptora de Alarmas el 3 %, por 2,72 millones y dos años. En junio de este año, un juzgado mercantil de Madrid declaró a Kuo en concurso.
El administrador concursal avisó entonces de que la empresa no podría seguir desde el 31 de julio «por imposibilidad material derivada de su situación concursal y de la falta de tesorería y de personal suficiente». El Cabildo declaró la emergencia y encargó el servicio a Seguridad Hispánica de Vigilancia y Protección por casi 800.000 euros durante seis meses, hasta el 31 de enero de 2027.
En agosto rompió el contrato con la unión, porque Kuo estaba ya en liquidación y su socia no mostró voluntad de seguir.
La herencia que inquieta a los aspirantes
Las empresas interesadas preguntan sobre todo por lo que dejó Kuo. En las respuestas publicadas el jueves, el Cabildo asegura que la plantilla cobró sus nóminas hasta el 31 de julio, pero dice desconocer si hay deudas con la Seguridad Social de esos trabajadores. Ha pedido información al administrador concursal, a la Tesorería y a la Inspección de Trabajo.
El nuevo contrato suma a los vigilantes el mantenimiento de alarmas y cámaras y la instalación de equipos nuevos. Empezará en febrero de 2027 si se firma antes de que expire el de emergencia, y como el gasto cae entre 2027 y 2030, la adjudicación depende de que esos presupuestos futuros tengan el dinero.
El propio acuerdo trae un descuadre: en dos párrafos seguidos cifra el valor máximo del contrato, con prórrogas y sin IGIC, en 8,73 y en 8,81 millones, esta última la cifra que figura en la Plataforma, y habla de «dos años de adjudicación» para un contrato de tres. La cuenta de la emergencia, en cambio, está cerrada y sin erratas: 783.289,69 euros por seis meses.
