El Parlamento de Canarias afronta una sesión de control marcada por la vulnerabilidad estructural de las islas ante la geopolítica global y la persistente parálisis en la gestión de fondos europeos. El orden del día, un compendio de 61 preguntas orales, revela un Ejecutivo regional atrapado entre la urgencia de ejecutar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y la amenaza real de un shock energético derivado del bloqueo en el estrecho de Ormuz.
El bloque de la oposición, liderado por el Grupo Socialista (PSOE) y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), ha centrado su ofensiva parlamentaria en el flanco más vulnerable del Gobierno regional: la brecha entre las promesas presupuestarias y la ejecución real. En un contexto de desaceleración económica y presión fiscal europea, ambas formaciones han registrado una batería de preguntas que ponen en duda la capacidad de gestión de la Consejería de Hacienda ante los fondos extraordinarios de la Unión Europea.
El Grupo Socialista ha elevado el tono sobre la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Su interpelación principal exige explicaciones sobre los motivos técnicos y políticos que han provocado una baja ejecución de estos fondos durante el ejercicio 2025. Para el PSOE, el retraso en la implementación de estos recursos no es un error administrativo menor, sino un fallo estructural que compromete la modernización de la economía insular para 2026. Asimismo, el grupo ha puesto el foco en la microgestión de servicios básicos en Gran Canaria, reclamando plazos concretos para la ampliación de las urgencias en Arucas, la restitución de la unidad de salud mental en Bañaderos y la mejora de infraestructuras de atención primaria en Fasnia.
Por su parte, Nueva Canarias ha concentrado sus esfuerzos en la fiscalización macroeconómica. La diputada Esther González ha solicitado una valoración técnica de la ejecución presupuestaria global de 2025, señalando el riesgo de que los superávits teóricos no sean más que el reflejo de una incapacidad para invertir en servicios públicos. Este grupo parlamentario advierte que, sin una ejecución eficiente, la regla de gasto impuesta por Madrid y Bruselas se convertirá en una trampa que obligará a realizar ajustes severos en el próximo bienio.
La presión de la oposición también se extiende a la conectividad y la transición ecológica. El PSOE ha interpelado al Gobierno sobre la puesta en marcha del bono transporte compatible en todas las islas, una medida clave para la movilidad social que sigue pendiente de armonización técnica. En el ámbito energético, la exconsejera Alicia Vanoostende ha exigido medidas paliativas inmediatas ante la escalada del precio de los combustibles derivada de la inestabilidad en Oriente Medio, mientras que Marcos Bergaz ha alertado sobre los conflictos institucionales que están generando las nuevas zonas de aceleración de energías renovables.
La dimensión exterior irrumpe en la cámara a través del Grupo Popular, que cuestiona la preparación de las islas ante las dificultades de paso de buques por el estrecho de Ormuz. Con un petróleo que ya ha superado la barrera de los 120 dólares, Canarias se enfrenta a un test de estrés sin precedentes en sus costes de generación eléctrica y transporte. En esta misma línea de contingencia, el Grupo Socialista interroga al consejero de Transición Ecológica sobre las medidas para mitigar el incremento en los precios de los combustibles, un factor que amenaza con descarrilar las previsiones de inflación regional.
La agenda de movilidad y conectividad suma nuevas tensiones. El Grupo Nacionalista (CC) ha puesto el foco en la cogestión aeroportuaria tras el anuncio de la subida de tasas en el DORA III, un movimiento de Aena que el sector turístico percibe como un lastre a la competitividad. Paralelamente, la Ley de Movilidad Sostenible y el desbloqueo de grandes proyectos de infraestructura en Gran Canaria y Tenerife —especialmente la congestión en la GC-1— evidencian un modelo de transporte que opera al límite de su capacidad técnica.
En el sector primario, la defensa del Posei y el artículo 349 del TUE frente a las presiones de Bruselas se mantiene como una prioridad defensiva. Sin embargo, el malestar interno crece en islas como Lanzarote, donde el Grupo Nacionalista denuncia que las ayudas agroambientales han dejado fuera a la mayoría de los solicitantes, y en La Palma, donde el PP reclama políticas específicas para el sector ganadero y los productores de queso palmero tras la erosión económica del volcán.
La sanidad, habitual punto de fricción, se enfrenta a la amenaza de huelgas médicas en un momento en que se tramita el Plan de Salud 2026-2031. Las preguntas sobre la ampliación de urgencias en Arucas, la falta de unidades de salud mental en Bañaderos y la demora en las autopsias en islas no capitalinas dibujan un mapa de servicios públicos bajo una presión demográfica y financiera constante. Canarias llega a este ecuador de la legislatura con una lista de tareas pendientes que la burocracia no logra despejar y que la crisis energética global amenaza con encarecer de forma definitiva.
