En los pasillos de la Comisión Europea, las cifras de desempleo estructural en las regiones ultraperiféricas son líneas rojas que nunca terminan de borrarse. Pero detrás de la fría estadística se esconde un drama humano con rostro específico: el del trabajador -y trabajadora, ya que más de la mitad del desempleo de larga duración tiene rostro de mujer- canario mayor de 45 años que, tras décadas de servicio, se ve atrapado en el desempleo de larga duración, convertido en un invisible para el sector privado. Para intentar frenar esta hemorragia de talento y dignidad, el Gobierno de Canarias acaba de lanzar un salvavidas de 10 millones de euros destinados a proyectos de empleo-formación para 2026.
El estigma de la larga duración: mil parados por municipio
La convocatoria del Servicio Canario de Empleo (SCE) no anda con rodeos y pone el foco en la gravedad del problema. Para que un ayuntamiento pueda acceder a estos fondos, su municipio debe arrastrar una losa de al menos mil personas inscritas como demandantes de desempleo de larga duración a cierre de 2025. Este requisito es, en sí mismo, una radiografía del fracaso del mercado laboral tradicional en las islas, donde el paro se ha vuelto crónico para miles de familias que ven cómo los meses de búsqueda se convierten en años de exclusión.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León (PP), ha sido clara al presentar esta convocatoria anticipada: se trata de ofrecer una oportunidad inmediata en los propios municipios para colectivos con dificultades extremas. Sin embargo la medida evidencia una realidad dolorosa: para los mayores de 45 años, la única puerta que se abre a menudo es la de la administración pública a través de estos contratos de nueve meses, ante el portazo sistemático de una empresa privada obsesionada con la juventud y la rotación.
Formación o precariedad: la última bala de los 141 millones
El plan, que será gestionado por la directora del SCE, María Teresa Ortega, bajo el sistema de concurrencia competitiva, promete abonar el 100% de la subvención por adelantado para evitar que la burocracia local asfixie la iniciativa. El objetivo es que los proyectos de formación en alternancia con el empleo estén en marcha antes de que termine 2026. Es la última bala para dotar de herramientas reales a quienes el mercado ha descartado, buscando que esa experiencia en obras o servicios de interés social no sea un simple alivio temporal, sino un puente hacia la reinserción definitiva.
No obstante, el drama persiste. Mientras el Gobierno celebra la agilización de estos recursos, la sombra de la emergencia habitacional y la finalización de contratos de alquiler en 2026 complican el escenario para este colectivo. Un parado de larga duración mayor de 45 años en Canarias no solo lucha contra un currículum que el mercado tacha de obsoleto, sino contra un coste de vida que no espera por las subvenciones. Estos 10 millones son un bálsamo necesario, pero el reto de rescatar a toda una generación del olvido laboral requerirá mucho más que contratos de nueve meses; requerirá un cambio de paradigma que Canarias aún está lejos de alcanzar.
Noticia escrita por Gara Vega H. Editado y verificado por Canarias en Pleno. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
