En un ejercicio de optimismo administrativo que colisiona frontalmente con la fatiga del administrado, la Consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha firmado la orden que pone en marcha los Premios a la Calidad de los Servicios Públicos 2026. A través de un documento de doce páginas que desgrana con precisión de relojero suizo categorías y baremos, el Ejecutivo autonómico intenta institucionalizar la excelencia mediante el reconocimiento simbólico. Se trata de una maniobra de branding institucional que busca premiar la excepción en un ecosistema donde la norma sigue siendo el cuello de botella y la demora estructural.
El certamen se fragmenta en tres modalidades que actúan como termómetro de la voluntad reformista del Gabinete: la Excelencia, las Mejores Prácticas y las Iniciativas del Personal. Resulta analíticamente llamativo que se eleve a la categoría de «hazaña» la mera adopción de Cartas de Servicios o la simplificación de procesos; elementos que, en cualquier corporación del IBEX 35 con intereses en las islas, serían considerados requisitos higiénicos de funcionamiento. Aquí, sin embargo, la burocracia se otorga a sí misma una medalla por el simple hecho de intentar dejar de serlo, creando un bucle de autocomplacencia donde el galardón es un diploma y el incentivo, una anotación en el expediente.
Desde la óptica del nacionalismo económico de corte liberal, esta convocatoria es un síntoma de la «estetización» de la autonomía canaria. Mientras los grandes indicadores de servicios sociales o dependencia sitúan al archipiélago en la periferia de la eficiencia operativa, el Gobierno se refugia en la creación de jurados, vicepresidencias de calidad y complejos equipos técnicos de valoración. Es la política del reconocimiento frente a la política de la ejecución; una arquitectura que premia la «perdurabilidad y transferibilidad» de proyectos aislados mientras el armazón general de la Administración Pública Canaria clama por una modernización que no dependa de certámenes anuales de buena voluntad.
En última instancia, el despliegue de Barreto es un brindis al sol administrativo en un año marcado por la incertidumbre macroeconómica exterior. Al centrar el foco en la «orientación a la ciudadanía» y la «evaluación de resultados» a través de memorias de nueve páginas, el Ejecutivo corre el riesgo de confundir la cosmética de la gestión con la salud del sistema. Para el ciudadano que aguarda al otro lado de la sede electrónica, la verdadera excelencia no reside en una gala de entrega de diplomas en Santa Cruz, sino en que la maquinaria del Gobierno deje de ser un laberinto para convertirse, estrictamente, en una herramienta de competitividad territorial.
