El club grancanario cuestiona la sanción impuesta por los incidentes ante el Cañiza y sostiene que las grabaciones del encuentro no acreditan los insultos denunciados.
El Balonmano Gáldar recurrirá la sanción de dos partidos de clausura de su pabellón y 1.200 euros de multa impuesta por los presuntos insultos racistas registrados durante el encuentro frente al Balonmano Cañiza, correspondiente a la Primera Nacional masculina. La decisión afecta al pabellón Juan Vega Mateos, escenario de unos incidentes que obligaron a interrumpir el partido y desalojar a los espectadores antes de reanudar el juego.
La controversia se originó después de que los árbitros recogieran en el acta expresiones racistas dirigidas supuestamente desde la grada contra Mateus de Almeida, jugador angoleño del conjunto gallego. Tras detener el encuentro y realizar una advertencia por megafonía, se ordenó el desalojo de los aproximadamente 600 aficionados presentes en las instalaciones.
El club cuestiona las pruebas utilizadas
El Gáldar sostiene que las grabaciones de las cámaras de seguridad y de la retransmisión del encuentro no permiten acreditar los insultos denunciados. La entidad considera que estas pruebas no han recibido una valoración suficiente en el procedimiento disciplinario y discrepa de que el relato arbitral haya servido para fundamentar una sanción que considera injustificada.
La resolución sancionadora contempla dos encuentros de clausura y una multa económica de 1.200 euros. El club dispone de un plazo de diez días para presentar recurso y ha anunciado que utilizará esa posibilidad para solicitar la revisión de la decisión.
Dos partidos fuera del Juan Vega Mateos
De mantenerse la sanción en sus actuales términos, el conjunto grancanario tendría que disputar dos encuentros oficiales en una instalación alternativa al pabellón Juan Vega Mateos. Según la información difundida sobre la resolución, podría contar con público en la nueva sede, aunque las condiciones definitivas dependerán de las decisiones que adopten los órganos deportivos competentes.
La entidad rechaza cualquier manifestación racista y sostiene que su oposición a la sanción responde a la falta de pruebas que, a su juicio, permitan dar por acreditados los hechos. También estudia emprender acciones legales relacionadas con otras acusaciones formuladas tras el encuentro, que igualmente niega.
El caso enfrenta así dos versiones sobre lo sucedido: la recogida por los árbitros en el acta y la defendida por el club grancanario a partir de las grabaciones disponibles. La resolución disciplinaria ha establecido una sanción, pero el anuncio de recurso mantiene abierta la controversia y deja pendiente su posible revisión.
El Balonmano Gáldar afronta ahora las consecuencias deportivas de una decisión que afecta directamente a la utilización de su instalación habitual. El desenlace dependerá de la tramitación del recurso y de la valoración que se haga de las pruebas aportadas por las partes.















