La Comisión de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Parlamento de Canarias, que se reúne este lunes 27 de octubre, se presenta como un campo de minas político para el consejero del área, Hipólito Suárez. La oposición (PSOE, VOX y NC) y hasta el socio principal de Gobierno (CC) han orquestado un interrogatorio que evidencia las fisuras centrales del Pacto de las Flores heredado y las demandas históricas no resueltas: el déficit de financiación y el coste de la doble insularidad.
La Comisión de Educación será una prueba de fuego para el Consejero. Tendrá que esquivar el compromiso del 5% del PIB sin enfurecer al PSOE (que busca marcar territorio) y deberá dar respuestas concretas a las demandas insulares de sus propios socios (CC y PP). La sesión no definirá el futuro de la educación, pero sí la tensión real que existe entre la Consejería, central, y los intereses de las islas periféricas.
El punto de mayor voltaje político es la pregunta del Grupo Socialista Canario , propuesto por Marcos Hernández. Exigir al Gobierno de facto del PP y CC el objetivo de alcanzar el 5% de inversión en Educación con respecto al PIB no es solo una pregunta, es una enmienda a la totalidad a la gestión presupuestaria. El 5% es un mandato de la Ley Canaria de Educación que el anterior Pacto incumplió y que ahora el actual bipartito hereda con la presión de los Presupuestos Generales de la CAC para 2026 en ciernes. El PSOE fuerza al consejero a definirse: ¿se sacrificará la educación para cuadrar las cuentas, o se cumplirá la Ley, tensando la cuerda fiscal?
La pregunta de VOX, aunque ideológicamente opuesta, refuerza la crítica al gasto. Javier Nieto Fernández pide justificación sobre por qué el aumento del presupuesto educativo no se ha traducido en mejores calificaciones. Esta interpelación busca explotar el argumento de la ineficiencia del gasto, alineando a la derecha radical con la exigencia de resultados concretos. Las preguntas de los Grupos Nacionalistas (CC) y Populares (PP) revelan una estrategia de presión territorial al consejero Suárez, destacando el factor insular y la doble periferia (islas no capitalinas).
Francisco Linares (CC) presiona sobre la evolución de los ratios escolares, un tema que afecta directamente la calidad del servicio en aulas saturadas. Natalia del Carmen Évora (CC) insiste en la Escuela Infantil de El Castillo, en Antigua, un claro ejemplo de la necesidad de infraestructuras en zonas de rápido crecimiento en Fuerteventura. María Isabel Saavedra (PP) ataca con la necesidad de una sede de la PAU en el IES Vigán (sur de Fuerteventura). Este movimiento es esencialmente territorial, buscando aliviar el gasto y el desplazamiento de las familias majoreras del sur, una demanda que el Gobierno, del que forma parte el PP, debería haber resuelto internamente.
El Grupo Socialista regresa con un tema laboral sensible: la agilización de los concursos de traslado para docentes canarios que ejercen fuera. Esta pregunta busca ganarse el favor del profesorado interino y funcionario, históricamente crítico con la lentitud burocrática del Gobierno canario. La no adscrita Marta Gómez Gómez pone el foco en Garachico, señalando una anomalía administrativa grave: un centro que lleva tres cursos sin abrir. Este tipo de preguntas, aunque hiperlocales, simbolizan la incapacidad de la Consejería para resolver problemas básicos de gestión municipal.
