
La tregua política en el archipiélago ha saltado por los aires tras la gestión de la crisis meteorológica. El PSOE, principal fuerza de la oposición, ha decidido retirar cualquier tipo de respaldo o cortesía parlamentaria al sector urbano del Partido Popular en el Gobierno de Canarias. El consejero de Educación de Canarias es el número dos del PP canario ylos socialistas tienen con el PP la presidencia del Cabildo de El Hierro y alcaldías como la de Arucas, municipio del líder socialista canario Ángel Víctor Torres. En la web del Cabildo de El Hierro los consejeros que fueron expulsado del PP por pactar con el PSOE se mantienen bajo la disciplina ‘popular’ y no figuran como no adscritos.
Ya en octubre de 2023 el PSOE no quiso hacer sangre por la renuncia del director general de Infraestructuras y Equipamientos en Educación de Fernando Miñarro, del partido socialconservador gomero ASG. El consejero Suárez dijo que Poli Suárez, ha afirmado este martes que la relación entre PP y ASG era «magnífica» y no iba a entrar»en una guerra innecesaria» ya que había hecho «un buen trabajo» aunque su ejecución presupuestaria en esa área era «penosa».
Ahora en 2026, la inmunidad de la que gozaba Suárez con el PSOE se enfrenta a una severa prueba de estrés por el paso de la borrasca Therese. El PSOE canario ha formalizado una ruptura estratégica con el ala izquierda del Partido Popular en el Gobierno canario, denunciando una gestión que califican de caótica y carente de rigor administrativo. El centro del conflicto reside en la Consejería de Educación, dirigida por Hipólito Suárez, a quien la oposición acusa de haber operado con una improvisación incompatible con los estándares de seguridad pública exigidos en situaciones de emergencia meteorológica.
El Partido Socialista ha registrado una petición de comparecencia parlamentaria para exigir responsabilidades por la disparidad en las decisiones preventivas. Los socialistas sostienen que la tardanza en suspender la actividad docente presencial ignoró los avisos técnicos previos, dejando a miles de familias en un limbo informativo durante las horas críticas del martes. La publicación de comunicados contradictorios por parte del Ejecutivo regional no solo erosionó la confianza en las instituciones, sino que obligó a los centros educativos a actuar sin un marco de referencia centralizado, comprometiendo la seguridad en los desplazamientos.
Desde Podemos, por su parte, se describe el escenario como un desconcierto sistémico que ha mareado a la ciudadanía con cambios de criterio constantes sobre la marcha. La formación morada critica que el Gobierno de Canarias delegara en las corporaciones locales la responsabilidad de cerrar las aulas, una competencia que el Estatuto de Autonomía reserva a la administración regional. Esta transferencia de facto de la toma de decisiones ha generado asimetrías operativas entre municipios colindantes, cargando sobre los ayuntamientos un coste político y logístico que no les corresponde.
La crisis de gestión ha evidenciado una preocupante falta de coordinación entre los departamentos del Gobierno y las administraciones locales. La oposición subraya que la fragmentación de la información pública dificultó la conciliación y puso en riesgo la integridad física de alumnos y profesorado en zonas con carreteras ya cortadas por desprendimientos e inundaciones. La rectificación tardía del Ejecutivo, que finalmente extendió la suspensión de clases a Tenerife, La Palma y Gran Canaria para este miércoles, es vista por el bloque de izquierda como una admisión de culpa ante la presión social y política.
Las fuerzas progresistas exigen ahora una auditoría interna y la revisión urgente de los protocolos de emergencia climática para evitar que se repita este nivel de incertidumbre. La narrativa de una Canarias capaz de afrontar desafíos ambientales se ve cuestionada por lo que PSOE y Podemos consideran una dejación de funciones en la cúpula educativa del PP. Habrá un debate en el Parlamento de Canarias de una intensidad inusual, marcando una distancia profunda entre la gestión de la crisis por parte de la derecha sistémica y las demandas de seguridad anticipada del ala izquierda.














