Vox asegura que los 14 etilómetros municipales están fuera de servicio. Seguridad anuncia nuevas habilitaciones en septiembre y defiende la operatividad de la unidad.
La Unidad de Tráfico y Atestados de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria cuenta actualmente con siete agentes habilitados de una plantilla de 26 para realizar pruebas de detección de drogas, según los datos expuestos este miércoles en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento.
La situación provocó las críticas de Vox, cuyo concejal Rafael de Juan Miñón denunció una pérdida de capacidad operativa de la unidad. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, respondió que la habilitación de los agentes no depende directamente del Ayuntamiento y anunció un nuevo proceso formativo durante este mes de septiembre.
Íñiguez rechazó además que la falta de personal habilitado implique dejar marchar a conductores que presenten indicios de haber consumido sustancias.
Los etilómetros abren otra discusión
Vox añadió otro dato que no ha podido ser confirmado de forma independiente en la documentación municipal consultada: sostiene que los 14 etilómetros propiedad del Ayuntamiento están actualmente fuera de servicio y que la Policía Local tiene que trabajar con dos equipos cedidos por la Dirección General de Tráfico.
La afirmación contrasta con el anuncio realizado por el propio Ayuntamiento en mayo de 2025, cuando presentó dos nuevos etilómetros Dräger Alcotest 7510 para la Unidad de Tráfico y Atestados. El Consistorio aseguró entonces que los nuevos aparatos se sumaban a los que ya tenía el cuerpo y destacó la inversión en medios para reforzar los controles de alcoholemia.
En aquella presentación, Seguridad informó de que la Policía Local había registrado 190 delitos relacionados con positivos por alcohol o drogas durante 2024, un 22,8 % menos que dos años antes. Las fuentes oficiales consultadas no ofrecen una actualización del inventario que permita determinar qué equipos están ahora operativos y cuáles se encuentran fuera de servicio.
Un Segway de 2019 que todavía genera gastos
La Comisión recuperó además un antiguo expediente de contratación de la Policía Local. El Ayuntamiento tendrá que afrontar 1.864 euros en intereses de demora y otros 40 euros en costes de cobro relacionados con la adquisición de un Segway realizada en 2019, según expuso el concejal del PP Ignacio Marina.
La contratación que originó el problema sí está documentada por el Consejo Consultivo de Canarias. El Ayuntamiento adjudicó en octubre de 2019 un contrato menor de 7.374 euros para suministrar un Segway a la Policía Local, después de haber adquirido otros dos vehículos del mismo tipo a la misma empresa durante 2018.
El Consejo Consultivo concluyó en 2022 que no podía utilizarse de nuevo el procedimiento de contrato menor porque, sumadas las adquisiciones realizadas al mismo proveedor, se superaba el límite de 15.000 euros. El expediente había seguido adelante, además, sin la fiscalización previa necesaria.
El órgano consultivo consideró que la actuación debía declararse nula porque se había prescindido del procedimiento de contratación exigido legalmente. También señaló que esa irregularidad era imputable a la Administración y no a la empresa que había suministrado el vehículo.
Formación y equipos pendientes de aclarar
Los dos asuntos plantean problemas diferentes. La habilitación para realizar pruebas de drogas afecta a la formación específica de los agentes, mientras que los etilómetros se utilizan para las pruebas de alcoholemia. La situación de unos no debe confundirse con la de los otros.
El primer dato tendrá una comprobación próxima: Seguridad asegura que durante septiembre comenzará un nuevo proceso para habilitar a más policías. Sobre los etilómetros queda pendiente que el Ayuntamiento precise cuántos de sus equipos están realmente operativos y por qué, después de incorporar dos nuevos aparatos en 2025, la oposición sostiene ahora que los dispositivos municipales no pueden utilizarse.
