El Gobierno de Canarias ha vuelto a reclamar al Estado el abono de 35,9 millones de euros correspondientes a las cuantías adeudadas del POSEI adicional, un instrumento diseñado para compensar los sobrecostes que la lejanía y la fragmentación territorial imponen al sector primario del archipiélago. La cifra no es nueva: 24,9 millones corresponden a las campañas de 2022, 2023 y 2024, a los que se suman 11 millones de la campaña de 2025 que debían haberse liquidado en el presente ejercicio presupuestario. Ante la inacción del Ministerio, el Ejecutivo autonómico adelantó con fondos propios los 24,9 millones a 4.791 productores agrarios, una operación de tesorería que expone la fragilidad de un modelo de financiación en el que el Estado intermedia fondos europeos y los retiene sin consecuencia aparente.
El POSEI, que canaliza 653 millones anuales para todas las regiones ultraperiféricas de la UE, tiene cobertura jurídica en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, lo que convierte el impago no en un desacuerdo político sino en un incumplimiento estatutario. El archipiélago, que ya negocia con Bruselas la duplicación del POSEI para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, cifra en 4.626 millones lo que la UE debería aportarle como región ultraperiférica, un 75% más que en el ciclo actual. El Gobierno canario ha anunciado que evalúa medidas legales contra el Estado, pero mientras la vía contenciosa madura, 7.803 productores siguen dependiendo de que una administración autonómica con recursos limitados cubra las obligaciones de otra que no rinde cuentas por sus demoras.
