La nueva Ley de la Canariedad en el Exterior ha contado con alegaciones como la de la Fundación Tamaimos. Ha introducido una nota de crudo realismo existencial. Mientras el Gobierno regional se afana en actualizar una normativa de 1986 que huele a naftalina burocrática, el colectivo ha aprovechado el trámite de alegaciones para señalar el elefante en la habitación: la progresiva desaparición del canario de su propio territorio.
Para Tamaimos, la ley no puede ser un simple catálogo de ayudas asistenciales. Debe ser una herramienta de «reparación histórica» para una diáspora que, en su mayoría, no eligió el exilio, sino que fue empujada por el hambre o la falta de horizontes. En este contexto, la fundación advierte que el «derecho al retorno» de los hijos del arraigo se está convirtiendo en una entelequia.
La Isla contra el continente
La tesis es ácida y directa: la extraordinaria presión demográfica que sufren las islas, alimentada por un «aluvión» de ciudadanos mayoritariamente europeos sin vínculo alguno con la tierra, está asfixiando las posibilidades de regreso de la población canaria emigrada.
Tamaimos recuerda que Canarias es un territorio insular, no continental, y por tanto, físicamente limitado. La fundación propone mirar hacia modelos europeos como Malta, Dinamarca o las Islas Aland. En estos territorios, la adquisición de segundas residencias por parte de extranjeros está restringida o requiere permisos especiales y periodos mínimos de residencia.
Frente a quien compra un apartamento como un souvenir de lujo, Tamaimos exige que el parentesco y los periodos de residencia previos sean la llave maestra para garantizar el espacio vital de los retornados.
Voto digital y «canariedad» dinámica
La lucha por la identidad también se libra en los bits. La fundación y otros colectivos han puesto sobre la mesa la necesidad de superar las deficiencias del voto por correo —que a menudo no llega a tiempo a destinos como Venezuela o Argentina— mediante un sistema de voto por web o impresión de papeletas digitales.
Se trata de permitir que quienes mantienen el vínculo sigan decidiendo el destino de unas islas que, económicamente, parecen pertenecer cada vez menos a sus habitantes originales. La alegación de Tamaimos transforma un informe administrativo en una crónica de resistencia. Es la exigencia de que el canario en el exterior no sea visto como un actor pasivo o un mero receptor de remesas, sino como un ciudadano con derecho a reclamar su lugar en una tierra que el mercado global está devorando.
