Los datos del ISTAC para los dos primeros meses de 2026 revelan una contracción del 22,3% en el valor de las importaciones canarias respecto al mismo periodo de 2025, situándose en 2.907,650 millones de euros. Solo en enero, la caída fue del 26,3%, con 1.392,244 millones de euros. El desglose sectorial muestra que el 27,8% de las importaciones de febrero correspondió a maquinaria y equipo de transporte, seguido de alimentación (22,9%) y artículos manufacturados diversos (15,5%). El origen geográfico confirma la dependencia estructural: el 76,6% de las importaciones provino del resto de España, un 12,1% del resto de la UE-27 y apenas un 11,3% del resto del mundo. El déficit comercial acumulado alcanzó los 2.311,275 millones de euros, con una tasa de cobertura del 20,5%, lo que significa que por cada euro que Canarias exporta, importa casi cinco.
La magnitud de la caída tiene varias lecturas simultáneas. La más inmediata es el encarecimiento energético derivado de la crisis en Oriente Medio, que ha contraído la demanda de derivados del petróleo y ha encarecido los costes logísticos, desincentivando operaciones de importación en un territorio donde todo llega por barco o avión. Pero hay un factor estructural que la Cámara de Comercio de Tenerife lleva meses señalando: la franquicia fiscal de 150 euros para importaciones de escaso valor, que convierte al archipiélago en un «colador de paquetes baratos sin control fiscal» procedentes de plataformas de comercio electrónico, mientras el comercio local soporta IGIC, AIEM, costes laborales y alquileres insulares. La Unión Europea ha decidido eliminar este umbral de exención a partir de julio de 2026, aplicando un derecho de aduana fijo de 3 euros por artículo, pero hasta entonces Canarias opera en un limbo aduanero donde la competencia entre el comercio de proximidad y los paquetes de Shein o Temu no es asimétrica: es directamente desleal.
@PresiCan/X
