Maltratar a un animal no solo está cada vez peor visto socialmente. También puede tener consecuencias legales que vayan mucho más allá de la propia condena. En Lanzarote, el Cabildo quiere que una sentencia firme por maltrato animal pese también a la hora de conceder o renovar una licencia de caza en Canarias.
La Corporación insular ha aprobado impulsar cambios para que las personas condenadas por estos delitos no puedan obtener o renovar licencias mientras esté vigente su inhabilitación. La propuesta parte de Lanzarote, pero pretende trasladarse al Gobierno de Canarias para que tenga alcance autonómico.
Una condena por maltrato puede cerrar también la puerta a la caza
La iniciativa, defendida por el consejero de Bienestar Animal, Armando Santana, busca reforzar los controles en la concesión y renovación de las licencias de caza.
El objetivo es que las condenas firmes por maltrato animal tengan una consecuencia expresa sobre estas autorizaciones y que no existan dudas a la hora de aplicar una inhabilitación.
Santana sostiene que la propuesta no pretende imponer una sanción adicional, sino garantizar que las inhabilitaciones firmes se cumplan de manera efectiva.
Animalistas, cazadores y SEPRONA se sentarán en la misma mesa
El acuerdo aprobado incluye la creación de una mesa de trabajo en la que participarán asociaciones animalistas, representantes del sector de la caza, los departamentos de Caza y Bienestar Animal del Cabildo, el SEPRONA y los grupos políticos de la Corporación.
De ese espacio deberá salir una iniciativa legislativa conjunta que posteriormente será trasladada al Gobierno de Canarias.
La intención es que el cambio no se quede únicamente en Lanzarote y pueda incorporarse a la normativa autonómica.
Lanzarote quiere llevar la medida al resto de Canarias
La moción plantea instar al Gobierno de Canarias a modificar la legislación para que las personas condenadas por sentencia firme por maltrato animal queden expresamente impedidas para obtener o renovar una licencia de caza durante el periodo de inhabilitación que corresponda.
El acuerdo será trasladado también al Parlamento de Canarias, al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España para estudiar posibles modificaciones dentro de sus respectivas competencias.
La ley ya contempla inhabilitaciones para cazar
La normativa canaria ya establece que no pueden obtener ni renovar una licencia quienes estén inhabilitados para la práctica cinegética por resolución penal o administrativa firme.
Lo que plantea ahora Lanzarote es reforzar ese encaje y dejar más clara la relación entre una condena por maltrato animal y el acceso a una licencia de caza.
