La programación de la contratación pública continúa siendo uno de los principales déficits estructurales de las administraciones públicas canarias, según se puso de manifiesto en una comisión de recomendación celebrada este lunes en el Parlamento, a iniciativa de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y que contó con la presencia de su presidente, Pedro Pacheco González.
Durante la sesión, se expusieron las conclusiones de un informe que evidencia que, pese a los años de legislación y a las obligaciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público, solo el 7% de los perfiles de contratación cumplen con la obligación de aprobar y publicar un programa de contratación. De hecho, únicamente seis entidades autonómicas y una administración local aprobaron su planificación antes del inicio del ejercicio presupuestario.
El informe alerta de que ninguna administración canaria publica el contenido exigido en el artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que sitúa la planificación contractual en un escenario de opacidad. Además, en muchos casos los programas se aprueban una vez iniciado el ejercicio, lo que limita su utilidad como herramienta de previsión y gestión eficiente del gasto público.
Otro de los aspectos destacados en la comisión fue el uso reiterado del contrato menor, una figura concebida para situaciones excepcionales que se ha convertido en práctica habitual. Este abuso, según recoge el documento, dificulta la planificación a medio y largo plazo y debilita los principios de transparencia, concurrencia e igualdad.
Como conclusión compartida, la Audiencia de Cuentas resume el diagnóstico con una afirmación clara: “Programamos poco y tarde”. Entre las recomendaciones planteadas por los diferentes representantes de los grupos parlamentarios, figura la necesidad de reforzar los recursos humanos en los servicios de contratación y mejorar las plataformas electrónicas, con el objetivo de avanzar hacia una contratación pública más ordenada y transparente..
