La atención al alumnado con discapacidad y con necesidades educativas especiales se ha consolidado como uno de los ejes estructurales del debate educativo en Canarias. En el ámbito parlamentario, esta realidad se construye a partir de un trabajo constante de escucha a las familias y a las entidades del tercer sector, cuyos planteamientos trasladan a la Cámara las dificultades cotidianas y las demandas de mejora del sistema educativo.
Desde esta perspectiva, la diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Cristina Calero, ha puesto de relieve la importancia de disponer de un diagnóstico riguroso de la situación educativa del alumnado con discapacidad, elaborado a partir del contacto directo con los colectivos implicados. Un análisis que permite identificar tanto los avances logrados en los últimos años como los retos que siguen pendientes para garantizar una inclusión efectiva.
Entre los progresos señalados destaca el refuerzo del personal especializado en los centros educativos, con un aumento de profesionales como especialistas en pedagogía terapéutica, orientadores y personal de apoyo, incluidos los auxiliares educativos. Este incremento ha supuesto una mejora significativa en la atención personalizada del alumnado y en el acompañamiento a las familias dentro del sistema educativo.
Sin embargo, el debate parlamentario también pone de manifiesto que el camino hacia una educación plenamente inclusiva aún no está completado. La necesidad de ampliar el número de intérpretes de lengua de signos es uno de los déficits recurrentes, especialmente para asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad auditiva y su plena participación en la vida escolar.
Junto a los recursos humanos, la accesibilidad de los centros educativos continúa siendo un desafío estructural. La adecuación de infraestructuras obsoletas no se limita a la eliminación de barreras físicas, sino que exige la incorporación de medios audiovisuales y recursos tecnológicos que permitan avanzar hacia un modelo de accesibilidad universal, adaptado a las distintas necesidades del alumnado.
En conjunto, la intervención parlamentaria refleja una visión compartida: la educación inclusiva no es una política puntual, sino un compromiso sostenido en el tiempo. Un compromiso que requiere inversión, planificación y diálogo permanente entre administraciones, comunidad educativa y sociedad civil para garantizar que el derecho a la educación se ejerza en condiciones de equidad y dignidad en todo el Archipiélago.
