La Diputación del Común ha dado un paso poco habitual al declarar «obstruccionista y entorpecedora» la actuación de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. La resolución, correspondiente al expediente de queja Q24/2578, fue publicada este 5 de enero en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, tras tomar conocimiento la Mesa de la Cámara autonómica.
El pronunciamiento de la institución que dirige María Dolores Padrón Rodríguez llega después de más de un año de reiterados requerimientos de información sin respuesta por parte del departamento autonómico. Según detalla la resolución, la Diputación del Común solicitó un informe por primera vez el 11 de noviembre de 2024, petición que fue reiterada en diciembre de ese mismo año y nuevamente en febrero y julio de 2025, incluso con recordatorios formales de los deberes legales de colaboración.
Ante la falta persistente de respuesta, la Diputación del Común considera acreditado que la Dirección General incumplió lo dispuesto en la Ley 7/2001, que obliga a todas las administraciones públicas canarias a colaborar de forma preferente y urgente con esta institución, facilitando el acceso a expedientes y documentación. La resolución subraya que este comportamiento no solo vulnera la ley, sino que constituye un supuesto de mala administración.
El texto es especialmente contundente al señalar que esta actitud provoca un doble desamparo a la persona reclamante: primero, por la actuación administrativa que motiva la queja y, después, por la falta de colaboración de la propia Administración con el órgano encargado de velar por los derechos fundamentales. Una situación que, según la Diputación del Común, vacía de contenido práctico el artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
La Mesa del Parlamento acordó tomar conocimiento de la resolución y ordenar su publicación oficial, un trámite que, conforme a la normativa vigente, tiene efectos de notificación. Además, la calificación de obstruccionismo será incorporada al próximo informe anual de la Diputación del Común ante la Cámara autonómica y podría, llegado el caso, ser trasladada al Ministerio Fiscal, tal y como prevé la legislación.
Este episodio reabre el debate parlamentario sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración institucional, especialmente en un área tan sensible como la protección de la infancia y la familia, donde la falta de respuesta administrativa tiene un impacto directo sobre los derechos de las personas más vulnerables.
