El Gobierno de Canarias ha activado una ofensiva de gasto en obra pública sin precedentes recientes, movilizando expedientes de licitación por un importe total de 385,6 millones de euros. Esta inyección de capital, concentrada en un solo trimestre, se distribuye en tres ejes macroeconómicos: 299,4 millones para infraestructura viaria, 58,2 millones para la construcción de vivienda protegida y 28,0 millones destinados a la rehabilitación residencial. La maniobra responde a la urgencia de absorber los fondos del Convenio de Carreteras con el Estado —una bolsa plurianual de 1.400,0 millones— y a la necesidad política de mitigar la crisis habitacional mediante el presupuesto récord del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que alcanza los 197,4 millones.
La magnitud de los contratos de ingeniería civil, como la segunda fase de la carretera de La Aldea o las actuaciones estratégicas en Tenerife y Fuerteventura, plantea un desafío de competencia de mercado. El consejero Pablo Rodríguez ha confirmado que la administración regional gestiona actualmente más de 1.000,0 millones de euros en contratos activos. Sin embargo, las estrictas cláusulas de solvencia financiera y capacidad técnica de los pliegos actúan, de facto, como una barrera de entrada para el tejido empresarial de mediana capitalización. La aceleración de la anualidad del Convenio de Carreteras hasta los 215,0 millones sugiere una ejecución forzada para cumplir con los hitos de fiscalización ante Madrid, favoreciendo la concentración de adjudicaciones en grandes grupos constructores de ámbito nacional.
En el sector residencial, las promociones activadas por el ICAVI y Visocan suman operaciones de calado: 29,2 millones para 168 viviendas en Las Palmas, 11,4 millones en Arona y 8,3 millones en Adeje, entre otras. Pese al objetivo de superar las 3.000 unidades en el archipiélago, el modelo choca con la realidad de la demanda estructural. De las 30.000 personas inscritas en el registro de demandantes, un tercio solicita alquiler social y otro tercio alquiler protegido. La estrategia de inversión actual, centrada en la promoción de obra nueva, no logra cubrir el déficit de parque público de arrendamiento que VISOCAN, pese a sus 80,9 millones de presupuesto, aún no puede escalar.
El soporte fiscal para este expansionismo inversor reside en una evolución favorable del sistema de financiación autonómica, con entregas a cuenta que suman 8.194,6 millones, un repunte del 8,1%. La solvencia financiera del archipiélago cuenta con el respaldo de Standard & Poor’s, que mantiene la calificación de ‘A+’ con perspectiva estable, apoyada en una deuda pública que descendió al 10,9% del PIB en el primer trimestre de 2025. Esta solidez macroeconómica permite financiar proyectos de infraestructura física, como la ampliación del puerto de Tazacorte por 5,8 millones, reforzando una lógica de «economía de cemento» que prioriza la obra civil sobre la diversificación productiva.
El riesgo subyacente para la economía insular es la captura del valor añadido por operadores externos. Si el diseño de los pliegos no evoluciona hacia la segmentación de lotes que permita la entrada de pymes locales, el multiplicador económico de los 385,6 millones licitados se diluirá fuera de las islas. Canarias se enfrenta al dilema de ejecutar rápidamente sus fondos europeos y estatales para no perderlos, a riesgo de consolidar un oligopolio en la contratación pública que margine al empresariado autóctono en el momento de mayor inversión de la década.
