Analizamos los Presupuestos de Canarias 2026: un crédito de 13.155 millones que consolida la dependencia de Madrid, eleva el marginal del IRPF al 50,5% y perpetúa el AIEM. ¿Es el gasto público un lastre para la prosperidad real del archipiélago?
Bajo la etiqueta del Régimen Económico y Fiscal (REF), el archipiélago se ha consolidado como un receptor neto de recursos mientras genera su propia maquinaria impositiva. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, aprobados con un crédito inicial de 12.491 millones de euros no financieros y un consolidado de 13.155 millones, ilustran hacia dónde fluye realmente el capital: el mecanismo redistributivo del Sistema de Financiación Autonómica aporta el 70 % de los ingresos no financieros (8.194 millones), evidenciando que la autonomía financiera es, en gran medida, una ficción contable sostenida por Madrid.
La disección de la economía productiva revela que los impuestos proyectan detraer más de 4.938 millones de euros del sector privado. El dato más punzante es la composición de la exacción directa: el 97 % de los más de 2.500 millones recaudados por esta vía proviene exclusivamente del IRPF. Al negarse a deflactar la tarifa autonómica frente a la inflación, la Consejería de Hacienda aplica una progresividad en frío que empuja a las clases medias hacia un tipo marginal máximo del 50,5 %. Esta cifra supone una sima de más de cinco puntos y medio respecto al 45 % de Madrid, confirmando que la macroestructura burocrática insular se expande extrayendo sistemáticamente poder adquisitivo a los trabajadores canarios.
En el flanco indirecto, la maquinaria proyecta recaudar 2.336 millones. Aquí emerge el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), un tributo que genera cientos de millones anuales y que actúa como máximo exponente del capitalismo de amiguetes. Lejos de blindar una industria local competitiva, el AIEM protege operaciones ineficientes que imponen precios artificialmente altos al consumidor de a pie, convirtiendo la ultraperiferia en un muro arancelario selectivo que beneficia a un grupo reducido de operadores consolidados mientras distorsiona el mercado interior.
Detrás del argumento del blindaje de los servicios públicos subyace una hipertrofia del gasto corriente. El capítulo 1 de personal devora 5.068 millones (38,53 % del total), con incrementos del 7,84 % destinados principalmente al Servicio Canario de Salud y al colectivo docente. Sin embargo, la radiografía parlamentaria deja al descubierto transferencias directas a entes crónicamente deficitarios, como la Radiotelevisión Canaria, que recibe anualmente unos 60 millones de euros convertidos en mera propaganda institucional. Esta estructura de gasto masivo contrasta con la gélida eficiencia del capital global: fondos como Blackstone, Brookfield o Atom exprimen la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) no para innovar, sino para desviar capital hacia la compra de deuda pública o la especulación sobre activos turísticos preexistentes.
La culminación de esta radiografía se materializa en la gestión de recursos básicos. Las infraestructuras de desalación y bombeo se entregan a filiales de grandes constructoras peninsulares bajo un modelo de socialización de riesgos y privatización de beneficios, avalado por el Banco Europeo de Inversiones. Mientras los oligopolios extraen márgenes garantizados, el pequeño emprendedor canario queda atrapado en un laberinto regulatorio. El presupuesto de 2026, pese a su crecimiento del 7 % (813 millones adicionales), no resuelve la contradicción estructural: las inversiones reales apenas rozan el 7,88 % y la dependencia de Madrid y Bruselas alcanza el 51 %, confirmando que la arquitectura financiera de las islas prioriza la servidumbre sobre la prosperidad real.
