El proyecto ocuparía una concesión de 47 hectáreas frente a La Aldea y Artenara. La Comisión Ambiental obligó a someterlo al procedimiento ordinario por sus posibles efectos significativos.
El proyecto de Gran Canaria Bass Company para instalar una granja marina frente al litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara vuelve a información pública después de que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental determinara que debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por poder provocar efectos significativos sobre el medio ambiente.
La documentación analizada por la Comisión describe una explotación formada por 24 viveros circulares de 30 metros de diámetro, agrupados en una matriz de tres por ocho. La capacidad máxima prevista alcanza las 5.400 toneladas anuales de lubina a partir del sexto año de funcionamiento, aunque la producción media estimada es de 3.134 toneladas al año.
Una concesión de 47 hectáreas
Las jaulas, redes y sistemas de fondeo ocuparían una concesión de dominio público marítimo-terrestre de algo más de 472.000 metros cuadrados, unas 47,2 hectáreas. El presupuesto de ejecución recogido en el proyecto examinado ambientalmente asciende a 6,82 millones de euros.
La instalación tendría una biomasa máxima simultánea de 3.360 toneladas. El proyecto plantea comenzar con lubina y contempla la posibilidad de incorporar posteriormente otras especies autorizadas, como medregal o pargo.
Gran Canaria Bass Company fue seleccionada en febrero de 2024 como ganadora del concurso para optar a la concesión acuícola en la zona ZIA-GC-9. El proyecto ya pasó entonces por un primer trámite de información pública.
La evaluación simplificada no fue suficiente
El procedimiento cambió en abril de 2025. La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental concluyó por unanimidad que una evaluación simplificada no era suficiente y acordó que el proyecto debía someterse al procedimiento ordinario ante la posibilidad de que tuviera efectos ambientales significativos.
El informe señala, entre otros aspectos, posibles efectos derivados de la acumulación de materia orgánica bajo las jaulas, escapes de peces, interacción con fauna salvaje, residuos, tráfico de embarcaciones y alteración paisajística.
La instalación se encuentra fuera de espacios de la Red Natura 2000, aunque el informe sitúa a unos 3,6 kilómetros la ZEPA marina de Mogán-La Aldea y a unos 7,4 kilómetros la Zona Especial de Conservación de los Sebadales de Güigüí. La zona está además clasificada por la ordenación marítima estatal como área de uso prioritario y de alto potencial para la conservación de la biodiversidad.
Treinta días hábiles para alegar
El Gobierno de Canarias publicó el 24 de agosto el nuevo trámite de información pública del proyecto y de su estudio de impacto ambiental. Administraciones, organizaciones y personas interesadas disponen de treinta días hábiles desde el día siguiente a la publicación para presentar alegaciones, observaciones o informes.
Turcón-Ecologistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de Pesca que amplíe ese periodo un mes. El colectivo argumenta que el volumen y la complejidad de la documentación ambiental dificultan su análisis dentro del plazo concedido.
En las fuentes oficiales consultadas no consta por ahora una resolución que conceda esa ampliación. El proyecto tampoco cuenta todavía con una autorización ambiental definitiva: el trámite actualmente abierto forma parte precisamente del procedimiento que debe determinar su viabilidad y, en su caso, las condiciones ambientales que tendría que cumplir.
