La Cumbre Global de Islas Sostenibles 2026 (GSIS), celebrada del 20 al 22 de abril en el palacio de congresos de ExpoMeloneras, reunió a delegaciones de más de 50 territorios insulares de todo el mundo para debatir sobre transición energética, economía azul, economía circular y adaptación al cambio climático. El evento, organizado por la consultora canadiense Island Innovation en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, incluyó un foro específico sobre energía geotérmica y contó con la presencia de ministros, inversores y expertos internacionales que firmaron declaraciones de intenciones sobre financiación verde y resiliencia climática. Los residentes grancanarios pudieron acceder con un 50% de descuento en la entrada, un detalle de cortesía institucional que no disimula el hecho de que la cumbre fue, ante todo, un escaparate de posicionamiento político para una isla que aspira a liderar un relato de sostenibilidad a escala global.
El problema con los relatos es que conviven mal con los datos. Gran Canaria genera más de 600.000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos, opera vertederos cuya vida útil se agota sin que exista un calendario firme de clausura y reciclaje integral, y mantiene una tasa de reciclaje que la propia Comisión Europea ha señalado como insuficiente para los estándares de la UE. Que Island Innovation, una consultora privada con sede en Canadá especializada en vender paquetes de sostenibilidad a gobiernos insulares, sea la encargada de certificar el liderazgo verde de Gran Canaria plantea una pregunta incómoda sobre quién define los criterios y quién paga la factura. El Cabildo, que invierte recursos públicos en acoger eventos de proyección internacional, no ha publicado un informe actualizado sobre el estado real de sus compromisos de descarbonización ni sobre el grado de ejecución de las inversiones en economía circular anunciadas en legislaturas anteriores. La sostenibilidad, como los fuegos artificiales, impresiona más vista desde lejos.
