El Gobierno de Canarias tiene desde 2023 un cuerpo de inteligencia propio. Entre algunas de sus operaciones destaca las investigaciones sobre el fenómeno migratorio y, de ello, se deriva determinadas operaciones en la gestión de centros de menores migrantes. A juicio de María Teresa Hernández Borges, que es jefa de servicio de seguridad de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, los agentes deben estar preparados, formados, «y adaptarse a las necesidades actuales, incluyendo el uso de tecnologías de punta y el intercambio de información» ya que «el uso de medios informáticos y tecnologías avanzadas es crucial en la prevención y resolución de casos en la actualidad» genera «la necesidad de dotar a los agentes de seguridad de una formación adecuada en la prevención y garantía de la libertad y seguridad ciudadana».
El caso de las actas de La Palma
Aunque no exista una Ley de Secretos Oficiales autonómica con ese nombre, el Gobierno de Canarias ya opera bajo una red de microsecretos sectoriales que blindan información estratégica. Un ejemplo es la Ley de Estadística de Canarias, es el ‘patrón oro’ del secreto administrativo en las Islas. Con el volcán de La Palma de 2021 la Administración canaria se ha visto obligada a recurrir a la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, para apelar a a «garantía de confidencialidad o secreto de la deliberación» cuando un ciudadano pidió actas y grabaciones de las reuniones del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca), informes científicos del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), en relación al volcán de Cumbre en La Palma.
Desde 2023, la Policía Canaria ha decidido dejar de ser un espectador en el tablero de la seguridad nacional para empezar a jugar su propia partida de ajedrez. Bajo el paraguas del Estatuto de 2018, la Dirección General de Seguridad —en manos de David del Pino— ha dado un paso audaz: la creación de un servicio de inteligencia propio dentro de la Policía Canaria. No se trata solo de vigilancia de costas o inspección de transportes; estamos ante una unidad diseñada para «detectar y evaluar fenómenos de riesgo a medio y largo plazo» y realizar seguimientos en redes sociales contra la «inestabilidad social».
Sin embargo, este movimiento ha destapado una vulnerabilidad crítica en la arquitectura del poder autonómico: Canarias está operando un servicio de inteligencia sin tener un marco legal que proteja sus «secretos». Mientras los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza cuentan con décadas de rodaje y acuerdos con el Estado, el Ejecutivo de CC y PP ha optado por la vía de los hechos consumados, adscribiendo agentes directamente a las órdenes de un cargo político.
El conflicto de la inteligencia política
La polémica no es solo jurídica, es de control. Al depender «funcionalmente» de una Dirección General (un órgano político) y no exclusivamente de la jefatura policial, la nueva Oficina de Información o de Infiltrados se mueve en una zona gris. ¿Qué ocurre con la información sensible que manejan estos agentes? Actualmente, cualquier dato generado por esta unidad podría ser reclamado vía Ley de Transparencia, ya que Canarias carece de una Ley de Secretos Oficiales que clasifique qué informes sobre «inestabilidad social» o «amenazas externas» deben quedar fuera del alcance público.
Los casos más parecidos con Canarias, en territorios insulares, están en Nueva Zelanda con el NZSIS, en Islandia con el Greiningardeild Ríkislögreglustjóra y en Singapur, el ISD (Internal Security Department) que tiene como misión principal vigilar cualquier foco de «inestabilidad social». En Canarias, la nueva oficina ya ha confesado que su objetivo es monitorizar redes y grupos que puedan causar «inestabilidad». En Singapur, el ISD puede detener preventivamente bajo la Internal Security Act. En Canarias, al no haber ley de secretos ni competencias ratificadas, si un agente monitoriza a un colectivo social sin orden judicial, se arriesga a una querella por vulneración de derechos fundamentales.
Un MOCA canario
En Canarias el Gobierno regional está perfilando el lanzamiento de un sistema parecido al MOCA, Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency de Jamaica: Una agencia con capacidades de inteligencia de alto nivel que opera de forma autónoma a la policía regular para evitar la corrupción política. El archipiélago está formando funcionarios que van a necesitar algo más que agentes analizando redes sociales. Además de restringir ese cáncer que son los contratos negociados sin publicidad, si Canarias aspira a gestionar su seguridad en la «frontera sur», la teoría legislativa sugiere que debe dotarse de una norma que blinde sus estrategias. Sin una ley propia de secretos el Estado podría impugnar estas «funciones especiales de información» al considerar que invaden competencias exclusivas del Estado.
Al estar bajo el mando directo de un político, la inteligencia de las islas corre el riesgo de convertirse en una herramienta de partido para vigilar la contestación social, en lugar de una herramienta de Estado para proteger infraestructuras críticas. El artículo 148 es un marco genérico. Sin una ley que lo desarrolle, la «inteligencia canaria» es un gigante con pies de barro, expuesto a denuncias por acoso laboral o prevaricación administrativa.
El tablero de 2026
Con la mirada puesta en 2026, la consolidación de esta estructura marcará el inicio de una nueva era en la política insular. El paso de una policía administrativa a una policía con capacidad de inteligencia es el mayor salto competencial desde la creación del cuerpo en 2008. Sin embargo, el lobby de la transparencia y la judicatura ya vigilan de cerca: un servicio de inteligencia a las órdenes de un político, sin una ley de secretos que lo regule y sin el aval explícito de Madrid, es una apuesta de alto riesgo que podría terminar en los tribunales antes de detectar su primera amenaza real. De momento, se sabe que a los agentes asignados para «supuestos de emergencia, situaciones excepcionales y eventos multitudinarios» no se aplica el límite del número de horas extraordinarias retribuidas aplicable a las empleadas y empleados públicos de la comunidad autónoma previsto en la normativa vigente.
