Sucedió que, entre 1844 y 1874, hombres de bota y apellido comprendieron que para que la tierra floreciera no bastaba el sol sino el abrigo del Ayuntamiento, y así, bajo el palio del Partido Moderado o la Unión Liberal, tejieron una red de favores y recomendaciones que convirtió la política en el consejo de administración de sus propios negocios.
A mediados del siglo XIX, Las Palmas de Gran Canaria no solo era una ciudad en expansión; era el laboratorio de una nueva clase social. El que estudió muy bien este periodo fue el exlíder canario del PSOE y diputado del Parlamento de Canarias fallecido en 2024, José Miguel Pérez, cuando analizó el periodo 1844-1874 donde la vieja aristocracia de la tierra, los comerciantes emergentes y los profesionales liberales decidieron dejar de competir para fusionarse en un bloque de poder imbatible.
En el estudio se menciona la importancia de la prensa. La élite no solo controlaba el dinero y el suelo, sino también el relato. Periódicos como El Ómnibus servían para defender los intereses de esta burguesía, presionando al Gobierno central para obtener concesiones de infraestructuras (carreteras, puertos y bancos).
El «Caciquismo» antes del caciquismo
Solemos asociar el sistema de «recomendaciones y favores» a la Restauración de Cánovas, pero este estudio demuestra que en Las Palmas el sistema ya estaba perfectamente engrasado décadas antes. Los regentes de la Audiencia, los mandos militares y los altos funcionarios estaban todos conectados en una red de «compromisos mutuos» que garantizaba que ninguna decisión política perjudicara el negocio de la clase dominante.
En este periodo de transición hacia el capitalismo en Las Palmas, el estudio de José Miguel Pérez García identifica a figuras clave de la élite que operaban en las instituciones, mencionando a nombres propios como José Acedo, cuya correspondencia revela el entramado de favores de la época, junto a influyentes miembros de la burguesía y la política local como Antonio López Botas, Bernardino García y Cabrera, Juan de León y Castillo (vinculado a la estrategia de infraestructuras), Pedro del Castillo Westerling y Cristóbal del Castillo, quienes representaban la fusión entre la propiedad de la tierra y el comercio.
En cuanto a las facciones políticas, más que partidos de masas modernos, el poder se articulaba a través del Partido Moderado y el Partido Progresista (y más tarde la Unión Liberal), organizaciones que en el ámbito local de la Junta de Comercio y el Ayuntamiento de Las Palmas funcionaban como plataformas de defensa de los intereses de clase frente a Santa Cruz de Tenerife preparando el terreno para el sistema que consolidaría la Restauración en 1874.
El escenario era el de una sociedad que despertaba al capitalismo periférico. Mientras las leyes de Desamortización ponían tierras en el mercado, una élite local, reforzada por apellidos extranjeros (ingleses, franceses, flamencos), se apresuraba a comprarlas. No buscaban solo agricultura, buscaban influencia. El Ayuntamiento de Las Palmas se convirtió en el «consejo de administración» de sus intereses, un lugar donde los favores mutuos y las recomendaciones eran la moneda de cambio habitual.
El estudio de Pérez García nos sumerge en una época convulsa y fundacional: los decenios centrales del siglo XIX en Las Palmas. Entre 1844 y 1874, la ciudad no solo vivió una expansión física, sino una consolidación de poder que sentaría las bases del caciquismo posterior. Durante estos años, una amalgama de terratenientes agrarios, comerciantes burgueses y profesionales liberales, apoyados por capital extranjero, tomaron las riendas de la capital oriental para transformarla en una sociedad capitalista a su medida, utilizando las instituciones como herramientas de su estrategia económica. ¿Te suena?
El Puerto como obsesión
Uno de los pilares de este ascenso fue el control absoluto del Ayuntamiento de Las Palmas. Para esta élite, la municipalidad no era un ente de servicio público, sino un centro de gestión de intereses privados. El acceso a cargos de concejal o alcalde estaba restringido a un círculo cerrado de familias que veían en el consistorio el órgano ideal para presionar al Gobierno central en Madrid. Instituciones como la Audiencia de Canarias, el Gobierno Civil y la jerarquía eclesiástica terminaron formando parte de una red de compromisos y favores mutuos, donde las recomendaciones eran la moneda corriente para asegurar concesiones y privilegios.
Las fechas clave marcan el ritmo de esta hegemonía. La implantación de la Ley de Puertos Francos en 1852 es, quizás, el hito más curioso y relevante, ya que permitió a apellidos locales fusionarse con familias procedentes del norte de Europa (ingleses, franceses y flamencos) para controlar el flujo comercial. Este bloque de poder no solo se conformó con el dinero; buscó el control del relato a través de la prensa, con periódicos como El Ómnibus, que funcionó como el portavoz oficial de la burguesía frente a las pretensiones de la capitalidad compartida o la eterna rivalidad con Santa Cruz de Tenerife.
Lo que resulta más llamativo del análisis de Pérez García es la «estrategia de clase» perfectamente coordinada. El estudio revela cómo la Desamortización fue aprovechada por este grupo para acaparar tierras, mientras que su obsesión política era la construcción de infraestructuras clave como el puerto y las carreteras. Todo este entramado de poder, que utilizaba nombres y apellidos recurrentes en las actas municipales de la época, demuestra que el sistema que la Restauración de 1874 simplemente vendría a estabilizar, ya estaba operando con precisión quirúrgica en los salones de la burguesía de Las Palmas décadas antes de que el caciquismo fuera nombrado como tal.
