En la víspera de Navidad de 2025, el Gobierno de Canarias ha decidido entrar en 2026 manteniendo activado el estado de excepción digital. La propuesta de acuerdo para declarar la continuidad de la emergencia tecnológica ya está sobre la mesa de Presidencia, prolongando una situación que nació de un colapso en cadena el pasado verano y que ahora amenaza con convertirse en una forma estructural de gestionar el área informática.
La crisis, que se originó con la caída de 1.253 servidores virtuales (el 20% de la infraestructura total de la Administración), fue justificada en su momento por el portavoz Alfonso Cabello como un fallo técnico agravado por las altas temperaturas. Sin un ataque externo que justifique el desastre, la administración admitió implícitamente la obsolescencia de un sistema que «sufre» con el clima de las islas.
A pesar de que los servicios críticos de Justicia y Emergencias se mantuvieron a flote, el «efecto arrastre» obligó al resto de la infraestructura a trabajar por encima de su capacidad operativa, revelando la fragilidad de la modernización digital canaria.
El «cheque en blanco» de la emergencia
La prórroga de esta declaración para 2026 no es solo una cuestión técnica; es, ante todo, una herramienta administrativa de máxima potencia. El decreto de emergencia permite al Ejecutivo: Adjudicación de servicios y recursos tecnológicos sin pasar por los plazos de licitación pública ordinaria y agilizar el refuerzo de personal técnico y horas extraordinarias sin la fiscalización previa que exige la ley de contratos del sector público. Esto permite ejecutar contratos que, en condiciones normales, tardarían meses o años en aprobarse.
A día de hoy, el Gobierno sigue sin publicar el coste económico real de este incidente. El informe técnico que debía detallar el presupuesto asignado a estas medidas «urgentes» se mantiene en fase de elaboración, mientras se aprueba la continuidad de la emergencia. Bajo la narrativa de la «modernización necesaria», Canarias se adentra en 2026 con un sistema informático que necesita respiración asistida y una Administración que ha encontrado en la emergencia tecnológica la vía rápida para gestionar millones de euros en contratos fuera del radar del control parlamentario habitual.
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por José L. Jiménez. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
