El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos del Valle de Aridane han dado un paso en la hoja de ruta para la recuperación de la isla al cuantificar de manera técnica el coste real de la reconstrucción agraria. Tras la sexta reunión de coordinación con Asepalma, las instituciones han cifrado en 224 millones de euros la financiación necesaria para devolver la viabilidad al sector, incluyendo infraestructuras hidráulicas y viales.
La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha anunciado una ofensiva diplomática para que el Estado asuma su responsabilidad financiera en el proceso, subrayando que “con el trabajo hecho por Asepalma y las administraciones implicadas -Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos- hemos cifrado de manera objetiva en 224 millones de euros la financiación que hace falta para la reconstrucción de la parte agraria, incluidas las infraestructuras viales e hidráulicas y los fondos de la nueva convocatoria de la PEPAC que va a activar el Gobierno de Canarias. Ahora, con toda la documentación y el trabajo hecho, solicitaremos una reunión al Gobierno de España para que se implique en la reconstrucción”.
Este frente común institucional pone de relieve el esfuerzo presupuestario que ya está realizando el Ejecutivo autonómico, que entre 2024 y 2026 habrá inyectado más de 266 millones de euros para sostener la economía de las familias afectadas. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, detalló que se están analizando nuevos escenarios de ayudas para paliar el desfase entre las indemnizaciones recibidas y el coste actual de los materiales y la construcción, que en el caso del plátano en invernadero presenta un déficit de más de 24 euros por metro cuadrado.
Ante esta brecha económica, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, fue tajante al señalar la insuficiencia de los fondos estatales recibidos hasta la fecha, recordando que la corporación insular ha tenido que pulmón propio inversiones que multiplican por diez lo transferido por Madrid, por lo que considera «absolutamente fundamental» que la financiación estatal llegue para no asfixiar las arcas locales.
La estrategia de recuperación no solo se centra en la financiación directa, sino también en la seguridad jurídica y la flexibilidad administrativa para que el sector primario no pierda competitividad. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha logrado un hito relevante en Bruselas al conseguir que la Comisión Europea autorice la prórroga de las ayudas POSEI para aquellos agricultores que, por causas de fuerza mayor derivadas de la erupción, aún no han podido reiniciar su actividad. Según explicó Quintero, «Europa ha vuelto a respaldar una petición que el Gobierno de Canarias ha defendido desde el inicio de esta legislatura, una reivindicación sustentada en un trabajo técnico, propuesta a la Comisión Europea en 2023 ante la necesidad de prolongar estas compensaciones, y que en 2025 volvimos a plantear. El hecho de haber logrado por segunda vez el apoyo de Bruselas demuestra que seguimos trabajando con firmeza para proteger al sector agrario de La Palma y asegurar su continuidad y futuro».
De forma paralela a la presión por los fondos, la reunión sirvió para avanzar en las modificaciones legislativas que permitan dar movilidad al mercado de tierras bajo la lava. Se estudia la reforma del decreto ley vigente para facilitar que terceros puedan adquirir fincas afectadas, siempre que exista un compromiso firme de reconstrucción en la propia isla, lo que permitiría el traspaso de los derechos de producción y evitaría que el potencial agrario de La Palma se diluya por la imposibilidad de algunos propietarios para afrontar la recuperación. Esta medida se complementa con la petición a la Comisión Europea para que este tipo de operaciones cuenten con el aval comunitario, garantizando que el «histórico» del plátano permanezca vinculado al territorio y a su tejido productivo tradicional.
Finalmente, el encuentro concluyó con un mensaje de unidad entre el sector y las administraciones para evitar que la burocracia frene el ritmo de las obras y las ayudas. La demanda de una mayor flexibilidad en las reglas fiscales y la modificación de la ley estatal de contratos para agilizar las obras de emergencia son ahora las prioridades en la agenda reivindicativa frente al Estado. El objetivo compartido es que los 224 millones de euros identificados lleguen cuanto antes al Valle de Aridane para que los proyectos técnicos se conviertan en realidades sobre el terreno, asegurando que la reconstrucción agraria de La Palma no se convierta en una promesa inacabada por falta de compromiso presupuestario de las instituciones nacionales.
