El primero de mayo de 2026 no es solo el Día del Trabajo en Canarias: es la fecha en que la Agencia Tributaria Canaria activa un nuevo sistema de devolución del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo que obliga al sector del taxi a abandonar el cómodo régimen de módulos estimados y someterse a la disciplina del consumo real. La reforma, articulada mediante el Modelo 435 y gestionada a través de la sede electrónica del Gobierno autonómico, exige que cada profesional del volante acredite con medios de pago trazables el combustible efectivamente repostado en el ejercicio de su actividad, una condición que suena razonable hasta que se confronta con la realidad operativa de un colectivo que mueve aproximadamente 8.000 licencias en el archipiélago y cuya digitalización fiscal dista mucho de ser homogénea.
Lo que la administración presenta como un avance en transparencia tributaria es, leído desde la óptica del contribuyente, un endurecimiento de requisitos que penaliza al profesional desorganizado y premia al que dispone de asesoría contable. El sistema anterior, basado en módulos de consumo propio vinculados al tipo de vehículo y kilómetros declarados, permitía una devolución automática que, si bien podía generar desviaciones respecto al gasto real, ofrecía previsibilidad. El nuevo modelo traslada la carga de la prueba al taxista: si no registra cada repostaje, si no utiliza medios de pago electrónico, si no mantiene un control documental riguroso, pierde el derecho a la devolución. La CEOE canaria y la federación Fedetax han advertido de que la transición, ejecutada sin un periodo de adaptación suficiente, podría dejar fuera del sistema a los profesionales de mayor edad o menor capacidad administrativa, precisamente los que más dependen del diferencial fiscal para mantener márgenes operativos en islas donde el precio del carburante ya incorpora un sobrecargo logístico estructural. La pregunta que nadie formula en voz alta es si este cambio de modelo, que coincide con una recaudación del IGIC en máximos históricos cercanos a los 2.500 millones de euros, responde a un afán de justicia fiscal o a la necesidad de la Agencia Tributaria de reducir las devoluciones en un ejercicio marcado por la incertidumbre presupuestaria.
