El Parlamento de Canarias ha vuelto a situar el foco en Bruselas, emitiendo un dictamen formal sobre la propuesta de Reglamento que crea el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2028-2034. Este movimiento, requerido por el Congreso y el Senado en Madrid, no es un mero trámite administrativo, sino una señal de que las islas están intensificando su vigilancia sobre la creciente tendencia de la Comisión Europea a consolidar fondos en los llamados Planes de Colaboración Nacional y Regional (CNR).
La iniciativa legislativa (COM/2025/558 final) busca establecer las condiciones para el uso de la ayuda de la Unión destinada a «empleo de calidad, las capacidades y la inclusión social». En esencia, el FSE+ es la herramienta financiera clave de la UE para combatir el desempleo, especialmente el juvenil, y mejorar la cualificación de la fuerza laboral. Su incorporación al marco de los CNR, junto a otros fondos como los agrícolas (PAC) y de Cohesión, es el núcleo de la preocupación canaria.
La Ponencia de Asuntos Europeos del Parlamento, el mismo órgano que ya analizó la PAC, ha tenido que verificar el cumplimiento del principio de subsidiariedad: la pregunta clave sobre si la UE debe intervenir en esta materia o si el objetivo se alcanzaría mejor a nivel regional. Dado que la política social y de empleo es una competencia compartida y su coordinación tiene una dimensión ineludible en el mercado único, el encaje formal se da por cumplido.
Sin embargo, el verdadero pulso político se juega bajo la mesa. Al igual que con los fondos agrícolas del POSEI, la integración del FSE+ en un único Plan de Colaboración Nacional con el Estado español amenaza con desdibujar la gestión regional autónoma. Las Islas Canarias, con tasas de desempleo históricamente elevadas y una presión migratoria constante que requiere inversión social urgente, necesitan la garantía de un flujo financiero directo y predecible, sin la intermediación centralizada.
El riesgo para el Archipiélago es doble. Primero, la pérdida de autonomía en el diseño de programas específicos que solo funcionan en un territorio ultraperiférico con sus peculiaridades socioeconómicas. Segundo, la posibilidad de que la asignación de recursos quede supeditada a un proceso de negociación política interna en Madrid, donde las necesidades de Canarias podrían competir y ser diluidas frente a las prioridades del resto de Comunidades Autónomas.
La emisión de este dictamen, fechado en noviembre de 2025, marca una posición de fuerza. El Parlamento de Canarias no solo está cumpliendo con su función de control, sino que está enviando un mensaje claro a todos los niveles de gobierno: cualquier simplificación burocrática de la UE que implique la pérdida de la garantía financiera específica o la erosión de la capacidad de gestión regional será considerada una amenaza directa a los intereses de la Ultraperiferia consagrados en el Artículo 349 del TFUE.
