El Parlamento de Canarias se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el lobby ambiental y los intereses turísticos y energéticos que dominan la economía del Archipiélago. Bajo la presión de Bruselas para acelerar la transición ecológica —y con una sociedad civil cada vez más movilizada— la cámara regional vive una tensión creciente entre sostenibilidad y competitividad. Un equilibrio que define hoy la política canaria tanto como su dependencia del turismo.
La agenda verde, entre Bruselas y las islas
Canarias, región ultraperiférica y uno de los territorios más vulnerables al cambio climático en Europa, se enfrenta a un dilema que trasciende la retórica política. La transición energética no es aquí una cuestión ideológica, sino de supervivencia económica: el 85% de la energía que consume el Archipiélago procede de combustibles fósiles importados, y su huella de carbono por turista sigue siendo una de las más altas del continente.
Las nuevas exigencias de la Comisión Europea —que condicionan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a objetivos climáticos— han empujado al Ejecutivo regional a reformular su estrategia de transición. Sin embargo, esa presión “verde” ha abierto grietas entre los grupos parlamentarios, que discrepan sobre cómo equilibrar las metas ambientales con la estructura productiva local.
“Bruselas exige acelerar la descarbonización, pero no podemos destruir los cimientos del modelo turístico”, resume un diputado de Coalición Canaria. “La sostenibilidad debe ser gradual, no punitiva.”
La fractura política de la transición
En las últimas sesiones, el debate se ha concentrado en los proyectos energéticos estratégicos, la proliferación de plantas solares con tecnología importada —principalmente china— y la revisión del Plan Canario de Energía Sostenible (2025-2030).
El Grupo Socialista, que sostiene al Gobierno regional, ha defendido una política de “transición ordenada”, con incentivos al autoconsumo, movilidad eléctrica y producción renovable en suelo industrial. Pero desde la oposición se denuncia que el modelo se ha convertido en un mecanismo de subvención empresarial sin control.
Alicia Vanoostende, diputada socialista, ha solicitado por escrito información detallada sobre los encargos con Gesplan, Gestur, Grafcan y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), así como los proyectos del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y el estado de los planes territoriales de residuos. Detrás de esa avalancha de peticiones se percibe la creciente inquietud por la eficiencia del gasto verde y el papel de los nuevos intermediarios técnicos en la gestión de fondos europeos.
Un laboratorio climático en tensión
A ojos de Bruselas, Canarias se ha convertido en un laboratorio climático del sur de Europa. La región combina vulnerabilidad extrema —por su dependencia energética y fragilidad ecológica— con un potencial singular para la innovación en renovables, gestión del agua y movilidad sostenible.
Sin embargo, el turismo de masas y la expansión de infraestructuras chocan con la narrativa ambiental. En el sur de Gran Canaria, la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas junto a zonas hoteleras ha generado rechazo vecinal y divisiones internas en los ayuntamientos. Mientras tanto, los proyectos de eólica marina en Lanzarote y Fuerteventura avanzan entre recursos judiciales y advertencias del sector pesquero.
“El Archipiélago está atrapado entre dos velocidades”, explica un consultor energético con sede en Las Palmas. “Por un lado, el mandato europeo de acelerar la transición; por otro, la resistencia local de sectores que temen perder su ventaja competitiva.”
Lobby verde vs. lobby turístico
La presión no proviene solo de la calle. En los pasillos del Parlamento, el lobby verde —formado por ONG ambientales, plataformas vecinales y asesores energéticos— disputa influencia a las asociaciones empresariales y turísticas, que alertan de los riesgos para la inversión.
El resultado es un Parlamento donde cada ley o plan estratégico se convierte en una negociación de geometría variable: un equilibrio inestable entre la urgencia climática y la dependencia económica.
Fuentes del propio Gobierno reconocen que Canarias no dispone aún de una hoja de ruta consensuada para cumplir los objetivos europeos de reducción de emisiones en 2030, y que la transición verde amenaza con fragmentar aún más el consenso político regional.
El riesgo de una transición sin relato
En un momento en que la UE redefine los criterios de financiación verde y revisa el mercado de derechos de emisión, el Archipiélago corre el riesgo de quedar atrapado entre la ortodoxia climática y la inercia económica.
Sin un relato común que conecte sostenibilidad y prosperidad, la transición puede terminar percibiéndose como una imposición externa, más que como una oportunidad local.
Canarias, laboratorio y frontera al mismo tiempo, encarna el desafío europeo de conjugar ecología y economía en territorios dependientes del turismo. Y el Parlamento regional, ahora bajo presión verde, refleja con precisión quirúrgica esa tensión: cómo descarbonizar sin desindustrializar; cómo innovar sin perder identidad.
