El Grupo Parlamentario Socialista ha lanzado un órdago legislativo al actual Ejecutivo regional con una Proposición No de Ley (PNL) que exige la aprobación inmediata de un Decreto-ley de Transformación Socioeconómica (PETSEC). El objetivo central no es solo administrativo, sino estructural: corregir la ‘paradoja canaria’, donde un crecimiento del PIB del 4,4% convive con casi 700.000 personas en riesgo de exclusión. Esta iniciativa busca utilizar la vía del decreto por su «extraordinaria y urgente necesidad», obligando al Gobierno a intervenir de forma directa en el reparto de la riqueza generada por el récord de recaudación fiscal.
La columna vertebral de esta propuesta es una ofensiva sin precedentes contra la crisis habitacional, identificada como el principal lastre del bienestar isleño. El texto exige una inyección financiera inmediata de 95 millones de euros en apenas tres meses, destinados a la construcción de vivienda pública y ayudas al alquiler. Lo más disruptivo es la creación de un gravamen del 20% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los grandes tenedores, una medida de presión fiscal diseñada para desincentivar la especulación y movilizar el stock de viviendas hacia el mercado residencial.
En el ámbito fiscal, la PNL marca un antes y un después al poner sobre la mesa la implementación definitiva de una tasa turística. El objetivo es que el sector servicios, motor absoluto de las islas, contribuya directamente a mitigar sus propias externalidades negativas mediante un impuesto a las estancias. Además, el plan propone una redistribución de la carga impositiva: mientras se eliminan bonificaciones en Sucesiones para herencias superiores a 300.000 euros, se ofrece un alivio total del 100% en actos jurídicos para menores de 40 años que busquen acceder a su primera vivienda.
Más allá del ladrillo y los impuestos, el documento articula una reforma blindada de los servicios sociales, centrada especialmente en la dependencia y la infancia. La PNL busca transformar el sistema para que la atención pública sea el derecho preferente, limitando las prestaciones económicas a casos estrictamente excepcionales. Con tasas de pobreza infantil que superan el 40% en algunas franjas, el objetivo es establecer un suelo social mínimo que no dependa de las fluctuaciones del mercado laboral ni de la gestión burocrática.
