El Parlamento de Canarias ha admitido a trámite una proposición no de ley (PNL) del Grupo Nacionalista Canario (CCa) que reclama una reforma profunda de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) con el fin de permitir que los ayuntamientos saneados puedan destinar su superávit a finalidades de alto interés público. La Mesa del Parlamento dio luz verde a la iniciativa el 18 de noviembre de 2025, ordenó su publicación y su tramitación ante el Pleno, además de trasladarla tanto al Gobierno autonómico como al autor de la propuesta, el diputado nacionalista José Manuel Bermúdez Esparza.
La exposición de motivos subraya que la aplicación estricta de la Loepsf ha provocado un “efecto perverso” en los municipios cumplidores: consistorios con finanzas saneadas se ven obligados a destinar sus excedentes al pago anticipado de deuda, incluso cuando su nivel de endeudamiento es mínimo. El caso de Santa Cruz de Tenerife destaca como ejemplo significativo, ya que su Ayuntamiento ha tenido que dedicar 37 millones de euros del superávit de 2025 a amortizar deuda bancaria, pese a disponer de margen suficiente para invertir en servicios sociales, vivienda o modernización urbana.
La iniciativa recuerda que el marco actual, condicionado por el artículo 32 de la Loepsf, impide a los ayuntamientos utilizar su superávit para inversiones sostenibles salvo en los periodos en que el Estado autoriza la aplicación de la disposición adicional sexta, algo que no ha ocurrido en los últimos ejercicios. Además, la limitación vulneraría, según CCa, la autonomía local prevista en la Constitución y la suficiencia financiera de las entidades locales, especialmente en un momento en que los retos sociales —vivienda, atención a colectivos vulnerables, infraestructura y desarrollo económico— requieren mayor capacidad de respuesta municipal.
La propuesta también alude al respaldo institucional que esta demanda ha recibido en los últimos meses. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido formalmente al Ministerio de Hacienda que amplíe la posibilidad de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles en 2025 y 2026, y que, además, modifique la Ley para habilitar el uso del remanente en la construcción de vivienda pública. Esta posición está apoyada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mientras que el Banco de España ha insistido en la necesidad de reformar la Loepsf y revisar la regla de gasto, que limita especialmente a los ayuntamientos con superávit estructural.
En este sentido, el Grupo Nacionalista Canario sostiene que la reforma es “imprescindible” para reconocer la gestión responsable de los ayuntamientos que cumplen con estabilidad presupuestaria, regla de gasto, pagos a proveedores y mantienen un remanente positivo. Para estos municipios -señala- debería habilitarse la posibilidad de invertir sus excedentes en políticas de cohesión social, vivienda pública, servicios municipales, modernización de infraestructuras y otras inversiones estratégicas de carácter local.
La PNL insta al Gobierno de Canarias a pedir al Estado una reforma legal que permita excluir a los ayuntamientos saneados del artículo 32 de la Loepsf, autorice el uso del superávit para fines sociales y estratégicos, y garantice que estos gastos no computen en la regla de gasto. De prosperar, la iniciativa abriría la puerta a que los municipios con cuentas sólidas puedan emplear sus recursos en atender directamente a la ciudadanía, reforzando su papel como administración más cercana y eficaz en la respuesta a los retos sociales y económicos actuales.
