El Parlamento de Canarias ha recibido una detallada respuesta del Gobierno autonómico sobre las medidas implementadas para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en La Palma, una isla especialmente golpeada por la erupción volcánica y sus consecuencias sociales y económicas. La contestación, remitida a una pregunta escrita del diputado socialista Jorge Tomás González Cabrera, pone el foco en el papel del Servicio Canario de Empleo (SCE) y en las políticas activas desplegadas para mejorar la empleabilidad de este colectivo vulnerable en el contexto post-erupción.
Entre las principales líneas de actuación destaca el programa de subvenciones para proyectos de empleo con apoyo y de sensibilización en discapacidad y salud mental, cuya convocatoria para el periodo 2024-2027 cuenta con una dotación global de 12 millones de euros. Hasta la fecha, se han subvencionado 18 proyectos en Canarias por un importe total de 5,14 millones de euros, de los que 4,35 millones se destinan a empleo con apoyo y casi 796.000 euros a iniciativas de sensibilización y visibilización. Estos proyectos incluyen orientación sociolaboral, formación, acompañamiento a la inserción y prospección empresarial, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral ordinario.
No obstante, el Gobierno reconoce una carencia relevante: ninguno de los proyectos financiados en esta convocatoria se desarrolla actualmente en La Palma. Ante esta situación, la Consejería de Turismo y Empleo avanza que en futuras convocatorias se introducirán criterios de valoración específicos para favorecer la ejecución de proyectos en islas no capitalinas, teniendo en cuenta sus mayores dificultades estructurales y la especial incidencia de la discapacidad y la salud mental en estos territorios.
La respuesta parlamentaria también subraya la importancia de los Centros Especiales de Empleo (CEE) como vía principal de inserción laboral. En 2024, esta línea de ayudas -destinada a subvencionar el coste salarial de personas con discapacidad- alcanzó los 12,38 millones de euros. Las subvenciones cubren entre el 40% y el 60% del Salario Mínimo Interprofesional, en función del tipo y grado de discapacidad, la edad, el sexo y la modalidad de contrato. En las islas no capitalinas existen actualmente nueve CEE, dos de ellos en La Palma, y según la Fundación Adecco, el 66% de los contratos a personas con discapacidad en Canarias se formalizan en este tipo de centros.
El contexto social justifica la magnitud del reto. Según datos del ISTAC, casi 128.000 personas tienen reconocido algún grado de discapacidad en Canarias, cerca del 6% de la población, con una mayor presencia femenina. Sin embargo, solo el 28,8% participa en el mercado laboral, lastrado por barreras como el desconocimiento, la falta de confianza o las dificultades estructurales del tejido productivo. El Gobierno insiste en que la inclusión laboral no puede abordarse solo desde el empleo, sino que requiere una acción coordinada en educación, formación, servicios sociales y salud, especialmente en territorios como La Palma, donde la reconstrucción tras el volcán sigue siendo también una tarea social.
