La crisis energética de Canarias no solo es un dolor de cabeza para el Gobierno, sino una oportunidad de oro para los actores locales con capacidad de reacción rápida. GPM Generación, S.L., una filial del potente grupo constructor y de servicios Pérez Moreno, ha puesto sobre la mesa una inversión de 15,1 millones de euros euros para levantar una planta de generación de emergencia en El Goro, Telde. Mientras el sistema eléctrico de la isla aguanta la respiración ante posibles «ceros», el grupo se posiciona como el bombero de lujo que alquilará sus equipos para evitar que Gran Canaria se quede a oscuras.
La operación financiera es redonda: 15,1 millones de euros destinados a un despliegue de 20 MW basado en la solución más rápida, sucia y rentable en tiempos de urgencia: grupos motogeneradores diésel contenerizados. Pérez Moreno no se anda con sutilezas técnicas de largo plazo; el proyecto contempla quince generadores de 1.410 kWe y una batería de depósitos de gasoil capaces de almacenar más de 250.000 litros de combustible. Es la respuesta industrial al miedo al apagón, ejecutada por una empresa que conoce mejor que nadie los pasillos de la Administración y que ahora capitaliza la incapacidad del sistema para renovarse por las vías ordinarias.
El proyecto, denominado ‘Planta de generación de emergencia de 20 MW-El Goro’, no solo incluye los motores, sino toda la infraestructura de conexión hasta la subestación de Silva, propiedad de Red Eléctrica (REE). Con una línea de evacuación subterránea de un kilómetro, Pérez Moreno se asegura de que su energía «provisional» fluya directamente a las venas del sistema insular. El presupuesto de 15,1 millones cubre desde los centros de transformación hasta el AdBlue necesario para camuflar las emisiones de una tecnología que, en cualquier otro contexto, sería una reliquia del pasado, pero que hoy es el único salvavidas disponible.
Este movimiento de Pérez Moreno es una jugada de ajedrez. Al asumir la titularidad de esta planta temporal, el grupo se convierte en un socio indispensable para la Consejería de Transición Ecológica, que dirige Mariano H. Zapata (PP). El anuncio, lanzado a finales de marzo en el BOC, abre ahora un plazo de 30 días para alegaciones, pero en un contexto de emergencia energética declarada, es poco probable que alguien se atreva a frenar una inversión de 15 millones que promete mantener las neveras encendidas, aunque sea a precio de oro y bajo el sello de uno de los mayores contratistas de las islas.
