El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto ley 6/2025, actualmente en trámite parlamentario, con el objetivo de evitar el bloqueo de planes urbanísticos y proteger a cientos de cooperativas ante vencimientos legales inminentes. La norma introduce cambios clave en la Ley del Suelo y en la Ley de Sociedades Cooperativas, amparándose en razones de “extraordinaria y urgente necesidad”.
En materia territorial, el decreto permite por primera vez prorrogar la vigencia de los informes ambientales estratégicos, un instrumento imprescindible para la aprobación de planes urbanísticos. Hasta ahora, la caducidad automática de estos informes obligaba a reiniciar procedimientos completos, incluso cuando los planes se encontraban en su fase final. Con la modificación, el órgano ambiental podrá conceder una prórroga de hasta dos años, siempre que no se hayan producido cambios sustanciales en las condiciones evaluadas, y con silencio administrativo positivo si no hay respuesta en seis meses.
Además, se habilita una prórroga excepcional de un año para determinados planes con memorias ambientales ya prorrogadas y que hayan superado los trámites esenciales, evitando así que decenas de instrumentos de ordenación tengan que volver a empezar desde cero por causas ajenas a su tramitación principal.
El segundo eje del decreto se centra en las cooperativas. La norma amplía hasta el 10 de enero de 2027 el plazo para que las cooperativas constituidas antes de 2023 adapten sus estatutos a la Ley 4/2022. El Gobierno reconoce que la sobrecarga administrativa del Registro de Cooperativas ha impedido resolver a tiempo muchas solicitudes de calificación previa, lo que habría provocado la disolución automática de numerosas entidades a partir de enero de 2026.
Con esta medida, el Ejecutivo busca evitar “perjuicios de imposible o difícil reparación” a un sector que considera estratégico, no solo por su peso económico, sino por su contribución social y territorial. Las cooperativas, recuerda el decreto, representan una parte significativa de la economía y están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible.
El Gobierno defiende que el uso del decreto ley está plenamente justificado por la urgencia de los plazos y por el riesgo real de paralización administrativa y económica. El texto ha sido admitido a trámite por el Parlamento de Canarias, que ha solicitado dictamen al Consejo Consultivo y lo remitirá a la Comisión General de Cabildos Insulares para su análisis.
