El Decreto-ley 3/2026, aprobado el 6 de abril y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial de Canarias, despliega el arsenal tributario autonómico para amortiguar lo que el propio Ejecutivo califica de “presión sobre sectores estratégicos como el turismo, el sector primario, la industria y el transporte”. La pieza central es la aplicación del tipo cero del IGIC a la entrega e importación de petróleo y sus derivados, incluidas las mezclas con biocarburantes, al gas, a las briquetas y pellets de biomasa y a la madera para leña, vigente desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026. A eso se suma la devolución del 99,99% del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas durante el mismo periodo, con tipos residuales de 0,2649 €/1.000 litros en gasolina profesional y 0,2219 €/1.000 litros en gasóleo profesional, cifras que convierten la carga impositiva en una ficción contable.
El coste estimado del paquete asciende a 29,8 millones de euros, aunque el propio decreto reconoce que la factura podría escalar hasta los 60 millones anuales si la situación bélica persiste. La norma incorpora, además, la reducción permanente del IGIC del 3% al 0% para la sal, la mantequilla y el café tostado, tres productos que hasta ahora tributaban como si fuesen artículos de lujo en un archipiélago donde el coste de la cesta básica ya incorpora el sobrecoste logístico de la insularidad. Otra cláusula, menos comentada pero reveladora de la cautela política, establece que si en abril la variación del IPC de gasolinas y gasóleos en Canarias no supera en más del 15% la del año anterior, la bonificación se extinguirá en junio. Es decir, el Gobierno se reserva una puerta trasera estadística para retirar la anestesia sin necesidad de otro decreto. La ampliación del umbral del Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP) de 30.000 a 50.000 euros de facturación anual para personas físicas es, en este contexto, la letra pequeña destinada a los autónomos que facturan entre la supervivencia y la irrelevancia tributaria, un gesto cuyo impacto real dependerá de cuántos de ellos sobrevivan al encarecimiento energético que el propio decreto intenta paliar.
