En política, cuando las cifras de ejecución no cuadran y el dinero europeo empieza a hacer las maletas de vuelta a Bruselas, no hay nada como invocar la «unidad de las islas» contra el enemigo exterior: Madrid. El presidente Fernando Clavijo ha escenificado este viernes un cierre de filas con la Fecai y la Fecam para «enriquecer» el llamado Decreto Canarias. Una suerte de carta a los Reyes Magos legislativa que el Consejo de Gobierno aprobará este lunes y que pretende que el Consejo de Ministros firme un Real Decreto Ley para elevar a los canarios a un «plano de igualdad» que, al parecer, solo se consigue a golpe de decreto.
El documento es ambicioso, o quizás desesperado, según se mire el balance de cuentas. Contiene más de 50 medidas que van desde lo histórico a lo urgente. Clavijo quiere que Madrid garantice la gratuidad de las guaguas hasta 2027 con 160 millones anuales -aliviando así el bolsillo de los cabildos que ahora mismo asumen parte del «regalo»- y que suelte la pasta para los trenes de Tenerife y Gran Canaria. Es la política del «blindaje»: asegurar hoy los recursos de 2026 y 2027 con la foto fija de los presupuestos de 2023, por si acaso en la capital de España deciden que ya se ha transferido suficiente.
Lo más llamativo es el uso de La Palma como punta de lanza. El Decreto exige la deducción del 60% del IRPF para los palmeros hasta 2028 y 100 millones anuales para la reconstrucción. Pero hay un detalle mordaz: Clavijo pide que se exonere a las instituciones de La Palma del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, que mientras el Gobierno canario se declara en «rebeldía» ante la regla de gasto (como denunciaba Esther González), ahora pide permiso oficial para que los ayuntamientos palmeros también puedan saltarse el control de Hacienda sin que les piten los oídos.
La foto de unidad con Lola García (Fecai) y Mari Brito (Fecam) es el escudo perfecto. Si Madrid dice «no», Clavijo dirá que el Estado maltrata a todos los canarios, no solo a su Gobierno. Si dice «sí», habrá encontrado la vía para financiar las emergencias energética e hídrica que las islas arrastran desde hace décadas. Es un «todo o nada» donde se pide incluso que el Estado pague el 50% del transporte terrestre en Lanzarote y Fuerteventura, territorios donde el Convenio de Carreteras parece haberse quedado corto o, más bien, mal gestionado.
En definitiva, el Decreto Canarias es la respuesta política a la parálisis administrativa. Mientras la oposición cuenta los millones que se devuelven a Europa, el Gobierno de Clavijo prefiere contar los millones que Madrid «debe» entregar para garantizar la paz social. El lunes el documento irá a la Cámara autonómica, donde veremos si esta «unidad» es de granito o si los grupos parlamentarios encuentran más agujeros en un texto que, por ahora, suena más a escudo defensivo que a plan de ataque real.
El Decreto Canarias no es contra nadie, dice Clavijo, pero es claramente un mensaje preventivo ante un Estado que ya no suelta el dinero con la alegría de los fondos COVID. Al meter en el mismo saco desde el IRPF de las ‘Islas Verdes’ hasta los trenes de las capitalinas, el Gobierno busca un paquete indivisible. O Madrid lo compra todo, o Madrid desprecia a Canarias. Una jugada maestra de comunicación para desviar el foco de la inejecución interna hacia la negociación externa.
