El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias ha presentado este miércoles en el Parlamento autonómico su primer Plan Estratégico para el periodo 2025–2029, un documento que marca un punto de inflexión en la trayectoria de la institución desde su creación. La comparecencia tuvo lugar en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia y estuvo encabezada por la comisionada Noelia García.
Durante su intervención, García destacó que el plan establece una hoja de ruta clara para los próximos cinco años, articulada en cinco líneas estratégicas destinadas a reforzar el papel del Comisionado, modernizar su funcionamiento y acercar la transparencia a la ciudadanía. “Este plan nace con el objetivo de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública de forma ágil, sencilla y plenamente accesible”, subrayó.
La comisionada remarcó la vocación del organismo de convertirse en una institución de referencia en materia de transparencia, tanto para las administraciones públicas como para la sociedad canaria. En este sentido, señaló que el Comisionado aspira a acompañar y orientar a las entidades obligadas al cumplimiento de la normativa, al tiempo que facilita el acceso real y comprensible a la información pública.
Cinco ejes para una transparencia más eficaz
La primera línea estratégica del plan se centra en la elaboración de un marco normativo propio, actualmente en fase de borrador, que se desarrollará de forma coordinada con la futura Ley de Transparencia de Canarias. El objetivo es evitar solapamientos normativos y poner al Comisionado a disposición del Gobierno autonómico para colaborar activamente en la redacción de la nueva ley.
La segunda línea contempla la implantación de un sistema metodológico de evaluación que permita medir de manera más precisa, homogénea y objetiva el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades evaluadas.
En tercer lugar, el Plan apuesta por reforzar los recursos humanos del Comisionado, dotarlo de un espacio propio y modernizar sus procesos internos y herramientas digitales, especialmente en lo relativo a la gestión de los cuestionarios de evaluación, con el fin de ganar eficiencia y agilidad.
La cuarta línea estratégica pone el foco en el fomento de una cultura de la transparencia más accesible, comprensible y cercana, tanto para las administraciones públicas como para la ciudadanía, promoviendo su valor como instrumento de mejora democrática y de fortalecimiento de la confianza institucional.
Por último, el quinto eje persigue consolidar el posicionamiento del Comisionado de Transparencia de Canarias en el ámbito nacional, reforzando su presencia, reconocimiento y cooperación con otros órganos e instituciones de transparencia del Estado.
Aportaciones parlamentarias e independencia institucional
Durante el debate parlamentario, los grupos valoraron positivamente el contenido del Plan Estratégico y realizaron diversas aportaciones, entre ellas la necesidad de reforzar el apoyo a las entidades públicas de menor tamaño y con menos recursos, mediante fórmulas de colaboración con la Federación Canaria de Islas (FECAI) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Asimismo, se planteó la conveniencia de extender estas acciones de acompañamiento al ámbito de las entidades privadas.
Los grupos coincidieron también en la importancia de avanzar hacia una transparencia más útil y cercana, que facilite un acceso real y comprensible a la información pública, contribuya a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y actúe como herramienta eficaz contra la desinformación.
En su comparecencia, Noelia García quiso además reafirmar la independencia del Comisionado de Transparencia como uno de los pilares esenciales de la institución. “La independencia institucional es una garantía para la ciudadanía y para las entidades públicas, y constituye la base de la credibilidad y utilidad del Comisionado”, afirmó.
El Plan Estratégico 2025–2029 sienta así las bases para una institución más sólida, moderna y alineada con las actuales exigencias de buen gobierno, rendición de cuentas y acceso efectivo a la información pública en Canarias.
