El Gobierno de Canarias ha expresado su preocupación por el impacto que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales tendrá sobre el tejido comercial de las islas. En un informe remitido al Parlamento regional, el Ejecutivo autonómico analiza las consecuencias de la medida pactada a nivel estatal, alertando de que el pequeño comercio y los autónomos serán los grandes damnificados al carecer de la flexibilidad financiera necesaria para absorber este incremento de los costes laborales sin reducir su actividad.
Según el análisis de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, la disminución de 2,5 horas de trabajo a la semana sin una reducción proporcional de los salarios obligará a muchos establecimientos a tomar decisiones drásticas. Para mantener el servicio actual, los comerciantes se verán forzados a contratar nuevo personal o a abonar horas extraordinarias, una carga que resulta significativa para negocios que ya operan con márgenes de beneficio muy estrechos y que se enfrentan a una competencia feroz.
Uno de los puntos más críticos del informe destaca la desigualdad que esta normativa generará entre los distintos modelos de negocio. Mientras que las grandes superficies disponen de una mayor capacidad organizativa y de gestión de plantillas para adaptarse a los cambios, el comercio de proximidad difícilmente podrá reorganizar sus cargas de trabajo sin que sus ingresos se vean directamente afectados. Esta situación podría derivar en una pérdida de competitividad del comercio local, que es precisamente el que sostiene el empleo en los barrios y pueblos del archipiélago.
El Ejecutivo canario también pone en duda que la medida sirva para fomentar la contratación de forma efectiva en el sector. Aunque la teoría sugiere que las horas ‘perdidas’ deberían cubrirse con nuevos empleos, la realidad del mercado laboral en las islas muestra graves dificultades para encontrar personal cualificado. Además, se cuestiona que el posible aumento de la productividad derivado de una mejor conciliación sea aplicable al comercio minorista, un sector donde el valor añadido depende directamente de las horas de atención directa al público.
