La Agencia Tributaria ha confirmado que los 1,13 millones de contribuyentes canarios llamados a presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025 se enfrentan a un salto recaudatorio sin precedentes recientes: las cuotas a ingresar ascienden a 1.011 millones de euros, frente a los 765 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 32% que casi duplica la media nacional del 18,4%. La delegada especial de la AEAT en Canarias, Carmen Guillén, ha señalado sin ambages que el principal motor de esa escalada es el mercado inmobiliario del archipiélago, donde el volumen de compraventas sigue generando ganancias patrimoniales que tributan en la base del ahorro a tipos progresivamente más exigentes. Las islas se encuentran en una zona donde los precios de la vivienda ya superan los máximos de la burbuja de 2007, y cada escritura de venta se traduce en una plusvalía que Hacienda recoge con la eficiencia de un peaje de autopista.
El problema de fondo no es solo coyuntural sino estructural: Canarias aplica un tipo marginal máximo autonómico del 26%, frente al 20,5% de Madrid, lo que arroja un tipo agregado del 50,5% en el tramo más alto del archipiélago contra el 45% de la capital. Un contribuyente canario que venda un inmueble con ganancia significativa paga, en la parte autonómica, 5,5 puntos más que si residiera en la comunidad con la fiscalidad más baja del Estado. A eso se suma que el patrimonio declarado en las islas ha crecido un 14,4%, hasta los 63 millones de euros, un indicador que refleja tanto la revalorización de activos como la mayor presión inspectora sobre criptomonedas, crowdlending y plataformas de inversión internacionales, donde la Agencia advierte de sanciones de 100 a 300 euros por cada dato omitido. El resultado es una paradoja incómoda para una región ultraperiférica que se vende al exterior como territorio de ventaja fiscal a través de la ZEC y el REF: la factura tributaria real de los residentes crece a un ritmo que duplica la media del país, impulsada por un mercado inmobiliario recalentado y una escala autonómica que se sitúa entre las más gravosas de España.
