Bajo el barniz de los nombramientos oficiales y las fotos de rigor, el Consejo Canario de Defensa de la Competencia ha entrado en una especie de limbo existencial. En abril de 2026 se cumple un año desde que el Gobierno de Canarias, a propuesta de Manuel Domínguez, designara a sus miembros con la promesa de velar por el interés de los consumidores, pero la realidad es un muro de silencio. El órgano encargado de vigilar que nadie abuse del mercado en las islas está, a efectos prácticos, fuera de cobertura. El contribuyente está pagando por un árbitro que no solo no pita, sino que ni siquiera ha saltado al campo.
No es una ausencia menor. Sobre la mesa de este consejo «fantasma» se amontonan expedientes que queman. El mercado canario vive movimientos tectónicos: desde la inquietante entrada del Estado de Marruecos en la gestión de terminales portuarias estratégicas, hasta la venta de Naviera Armas, que redefine el transporte entre islas. Mientras el ciudadano de a pie mira de reojo el panel de las gasolineras —donde los precios parecen moverse con una coreografía sospechosa— y los industriales se aferran al polémico arbitrio del AIEM, el ente que debería poner orden ni está, ni se le espera.
El nombramiento de Manuel Rodríguez como presidente, junto a Francisco Javier Ramos Real y María del Mar Arévalo como vocales, se vendió en abril de 2025 como la llegada de profesionales de «reconocido prestigio». Se buscaba independencia, prohibiendo incluso la asistencia de miembros del Gobierno a sus reuniones. Sin embargo, un año después, esa independencia parece haberse traducido en una inactividad absoluta. No hay informes, no hay resoluciones y, lo que es peor, no hay señales de que el motor del Consejo haya arrancado siquiera.
En mayo de 2025 el presidente de este centro de poder, Rodríguez Luis, dijo: «Si detectamos algo que vaya en contra de la libre competencia nuestro trabajo es analizarlo, emitir un informe y fijar las pautas para que no se vulneren las reglas del libre mercado con independencia, a fin de que no perjudiquen a otras empresas del mismo sector o influyan negativamente en los precios». Parece que hay guerra en Oriente Medio y los precios en las islas por el transporte están subiendo.
La apagón informativo de este organismo es un lujo que Canarias no se puede permitir. En un territorio fragmentado y ultraperiférico, donde la competencia es frágil por naturaleza, el Consejo de Competencia debería ser el perro de presa que evite monopolios de facto en los puertos o acuerdos bajo cuerda en el sector energético. De nada sirve tener a catedráticos y auditores de primer nivel en el acta del Consejo de Gobierno si, a la hora de la verdad, el órgano es incapaz de emitir un solo veredicto sobre los temas que asfixian el bolsillo de los canarios.
El silencio del Consejo es, en última instancia, un mensaje de impunidad para los grandes actores del mercado. Mientras el organismo siga en este «apagón» informativo, las operaciones estratégicas seguirán cerrándose en despachos donde el interés general es, en el mejor de los casos, una nota al pie de página. Canarias cumple un año con el árbitro en el vestuario mientras el partido, cada vez más bronco, se juega sin reglas.
