Con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 aprobada recientemente llega un doble mensaje: por un lado cautela fiscal ante la incertidumbre nacional y, al mismo tiempo, profundización selectiva en la reducción de la carga tributaria, con especial foco en el acceso a la vivienda habitual.
El Gobierno canario reconoce en el texto presupuestario la necesidad de diferir de forma puntual y temporal algunas reducciones fiscales de mayor calado, a la espera de que se despejen las incógnitas sobre el marco presupuestario y fiscal estatal y las reglas aplicables en 2026. Sin embargo, subraya que esta prudencia no supone una paralización de su agenda fiscal, sino una adaptación estratégica.
La tributación de la vivienda es uno de los asuntos más sensibles del debate político en Canarias en los últimos tiempos. Los presupuestos incorporan medidas destinadas a reducir la carga tributaria de quienes adquieren una vivienda para destinarla a residencia habitual, una línea defendida reiteradamente por el Ejecutivo en sede parlamentaria.
En concreto, se introducen mejoras en la aplicación de tipos reducidos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La clave está en la ampliación significativa de los límites de renta, lo que permitirá que un mayor número de contribuyentes pueda beneficiarse de estos tipos reducidos.
Durante debates anteriores en el Parlamento de Canarias, distintos grupos habían reclamado precisamente una actualización de estos umbrales, al considerar que los límites vigentes habían quedado desfasados frente al aumento del coste de la vivienda y la evolución de los salarios.
Jóvenes hasta los 40: un guiño generacional
Otra de las modificaciones relevantes es el aumento de la edad máxima para acceder a determinados beneficios fiscales vinculados a la compra de vivienda habitual. Cuando la aplicación del tipo reducido está condicionada a la edad del adquirente, el umbral se eleva de 35 a 40 años.
Este cambio introduce un matiz político relevante. En el Parlamento, la extensión del concepto de ‘joven’ hasta los 40 años ha sido objeto de debate, especialmente en un contexto en el que la emancipación se retrasa y el acceso a la vivienda se complica incluso para perfiles con ingresos estables. El Gobierno defiende que esta medida adapta la fiscalidad a la realidad social del Archipiélago, mientras que la oposición cuestiona si el incentivo será suficiente sin una política más amplia de vivienda pública.
Prudencia fiscal y continuidad política
El Ejecutivo justifica estas medidas en un equilibrio entre responsabilidad presupuestaria y alivio fiscal. Aunque se mantiene el diferimiento de algunas reducciones fiscales más ambiciosas, los presupuestos consolidan y profundizan las medidas ya iniciadas en la legislatura, reforzando un relato de continuidad.
En la Cámara autonómica, este planteamiento será previsiblemente confrontado con dos críticas recurrentes: por un lado, si las rebajas fiscales benefician de forma equilibrada a las rentas medias y bajas; por otro, si la reducción de ingresos puede tensionar la financiación de los servicios públicos en un contexto de incertidumbre.
Un debate abierto en el Parlamento
Con estas modificaciones, la fiscalidad de la vivienda se convierte en uno de los ejes políticos de los Presupuestos de Canarias 2026. El debate parlamentario determinará si estas medidas se perciben como un instrumento eficaz para facilitar el acceso a la vivienda habitual o como un alivio limitado frente a un problema estructural mucho más profundo.
En cualquier caso, el mensaje del Gobierno es claro: incluso en un escenario de cautela fiscal, la reducción de la carga tributaria sigue siendo una seña de identidad de la política presupuestaria canaria.
