La respuesta del Gobierno de Canarias a una pregunta parlamentaria sobre los instrumentos financieros para estimular la economía circular en el comercio local es tan clara como reveladora: no existen. Así lo admite la propia Dirección General de Comercio y Consumo en una contestación oficial que, lejos de anunciar medidas o planes en desarrollo, se limita a constatar una ausencia total de herramientas presupuestarias en esta materia.
La pregunta, formulada desde el ámbito parlamentario, buscaba conocer qué mecanismos económicos tiene activados el Ejecutivo para impulsar un modelo de comercio más sostenible y adaptado a los principios de la economía circular. La respuesta no deja lugar a interpretaciones: no hay líneas de ayuda, no hay incentivos específicos y no hay programas financieros destinados a ese objetivo dentro del presupuesto autonómico.
En lugar de reconocer esta carencia como un déficit de política pública, el Gobierno opta por una pirueta argumental: vincula la economía circular en el comercio tradicional a la venta ambulante, los mercadillos y los establecimientos no permanentes, regulados por una normativa estatal de hace más de una década y cuya ordenación corresponde a los ayuntamientos.
El planteamiento contrasta con el discurso institucional habitual, en el que la sostenibilidad, la transición ecológica y la economía circular se presentan como ejes estratégicos del modelo económico. Sin embargo, cuando se desciende del marco teórico al terreno presupuestario, el comercio local queda fuera de cualquier política activa que lo acompañe en esa transición.
La ausencia de instrumentos financieros no es un detalle menor. Sin apoyo económico, el pequeño comercio carece de incentivos reales para avanzar hacia modelos más sostenibles, modernizar procesos o adaptarse a nuevas exigencias medioambientales que, paradójicamente, sí se promueven desde otros ámbitos del Gobierno.
